Los expedientes urbanísticos que no se llegaron a finalizar con el derribo de viviendas construidas ilegalmente en Santa Bárbara entre los años 2006 al 2011 y que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 1, «dormían en un cajón» cuando llegó al gobierno Fernando Pizarro y «hubo que devolverlos a la vida». Con estas palabras subrayó ayer el alcalde la inacción del gobierno municipal de esas fechas porque ayer afirmó que algunos expedientes habían caducado y se tuvieron que reiniciar y otros se continuaron para que siguieran su curso hasta la actualidad.

Según sus cálculos, son entre 28 y 30, y se encuentran en diferentes momentos de tramitación. Para algunos ha firmado ya órdenes de derribo y el ayuntamiento ha impuesto multas coercitivas a los propietarios. Según señaló ayer, estos han recurrido el trámite y el ayuntamiento tiene tres meses para contestar. Al final, si los propietarios no derriban sus viviendas, cosa que no cree que vayan a hacer, tendría que hacerlo el ayuntamiento de forma subsidiaria y calcula que el coste total sería de unos 400.000 euros, entre 10.000 y 12.000 por derribo. En esta legislatura, el ayuntamiento ha derribado una casa de pequeñas dimensiones, en San Lázaro, con un coste de 6.000 euros.

Pero vista la instrucción del Juzgado número 1, por una posible prevaricación al no haber derribado el ayuntamiento en su día las viviendas, Pizarro recalcó que su obligación como alcalde es la de que «los expedientes sigan su curso legal».

De momento, los servicios técnicos municipales están elaborando los informes que ha solicitado el juzgado y el alcalde recalcó ayer que el ayuntamiento no realizó la denuncia, sino que fue una denuncia anónima a la Fiscalía de Medioambiente y que el ayuntamiento «somos perjudicados desde el inicio». Por eso, tiene la opción de personarse o no, pese a estar el proceso en fase de diligencias previas. «Estamos viendo si nos personamos o no. La decisión requiere de un asesoramiento de los servicios técnicos, pero la tomaremos en breve».

ninguna inquietud / Por eso, afirmó no tener «ninguna inquietud» ante la posibilidad de que el proceso pudiera extenderse a sus legislaturas. «En nuestro caso, aparte de seguir lo que dictaba la ley, hemos permitido que un porcentaje muy importante de las construcciones ilegales puedan legalizarse a través de una herramienta, la ley del Suelo y el nuevo Plan General», por lo que invitó a los propietarios afectados a acercarse al ayuntamiento y preguntar en qué situación está su vivienda y si es posible legalizarla.

Tras ser pública la investigación judicial, el PSOE local dijo ayer «respetar los trabajos que está realizando la Fiscalía», mientras que el portavoz regional del partido, Miguel Ángel Morales, afirmó que es Fernando Pizarro quien «tiene que dar explicaciones» y «tiene que conocer los expedientes», que «no se acaban cuando se cambia de legislatura, están vivos».

Las diligencias se instruyen contra Elia Blanco, Francisco Barbancho, Mónica García y María Victoria Domínguez.