La Fiscalía, como la acusación por parte de la Junta de Extremadura y la acusación particular que lleva el abogado Francisco José Conde, solicitan en sendas calificaciones provisionales 26 años de prisión para Ginel P., de nacionalidad rumana, acusado del asesinato de su expareja Mirela Gheorge, compatriota suya, la madrugada del 5 al 6 de enero de 2016 en el pantano de Alange.

El fiscal califica de asesinato unos hechos que supusieron a la mujer, según los forenses, 43 heridas «que le ocasionaron gran sufrimiento, no solo por el elevado número de lesiones, sino por las zonas donde se as infligió, así como la prolongación en el tiempo de su actuación violenta que se desarrolló a lo largo de al menos una hora», antes de ser arrojada a las aguas del pantano,

La agresión comenzó con un golpe con una botella de cristal por encima del ojo izquierdo, que la dejó aturdida, también por la tasa de alcohol que mantenía en sangre, y concluyó por ahogamiento con insistencia del autor de mantenerla bajo el agua, falleciendo a las 8.00 horas.

HERIDAS Y LESIONES / La mujer presentaba heridas y lesiones en un ojo, en la cabeza, en la cara, en el cuello, en el abdomen, en la espalda, en los miembros superiores e inferiores, tanto por cortes como por golpes.

La causa por el llamado ‘crimen de Alange’ será juzgada por la Sección Primera, de lo Penal, de la Audiencia de Badajoz por un tribunal de jurado, que deberá ser seleccionado por la sala. Y se verá en la capital pacense y no en la Sala Tercera de Mérida, como correspondería por el lugar donde ocurrieron los hechos, según el letrado Francisco José Conde, por ser Badajoz la ciudad donde tenía la mujer su residencia, en concreto en las casas aisladas de Gévora.

Fue allí a donde acudió el presunto asesino a recoger a su víctima esa misma madrugada, horas antes de que acabara con su vida, después de acudir ambos a un polígono cercano y más tarde al pantano de Alange, sito en la localidad del mismo nombre.

Por estos hechos, el fiscal, como las otras dos acusaciones, que comparten la relación de hechos y las penas solicitadas por éste, pide 25 años de prisión por un delito de asesinato, prohibición de acercarse al domicilio, lugar de trabajo o centro de estudios en su caso, de los dos hijos y de los padres de la mujer, a menos de 500 metros, y comunicar con ellos por cualquier medio durante un tiempo superior en 10 años a la pena de prisión.

Además, solicitan un año más de cárcel para el acusado por un delito de quebrantamiento de condena, pues tenía en vigor una orden de alejamiento tras haber sido condenado meses antes por violencia de género.

La Fiscalía y la acusación de la Junta solicitan también, en concepto de responsabilidad civil, el pago a cada uno de los dos hijos de 150.000 y a cada uno de los padres 30.000, mientras que la acusación particular pide 70.576 euros para cada uno de los padres y 90.626 para cada hijo.