La magistrada de la Audiencia Provincia de Badajoz, en Mérida, suspendió ayer el juicio que se sigue contra Francisco G. J., Marcos G. C., y Clara Isabel C. V., que han trabajado para la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Adecom-Lácara y que están acusados de falsedad de documento oficial y delito continuado de estafa, en los dos primeros casos, y de uso de documento falso y falta de estafa, en el de la mujer. Esta se enfrenta a la pena de seis meses de cárcel y multa de diez euros al día durante seis meses; mientras que para los otros dos acusados piden penas de prisión de dos años y diez meses.
La juez admitió una documentación entregada ayer mismo por la defensa de uno de los imputados, que debe ser ahora estudiada y que implica tener en cuenta la declaración de un nuevo perito.
Los hechos se remontan a enero del 2003, cuando la presidenta de Adecom-Lácara, Adela Cupido, alcaldesa de Puebla de la Calzada, presentó una denuncia contra estas tres personas por apropiación indebida de dinero a través de la falsificación de firmas de las autorizaciones de los pagos. Según las consideraciones puestas ayer de manifiesto durante el juicio, Francisco G. J., gerente del colectivo, falsificó firmas de la alcaldesa y se apropió de 52-072 euros, habiendo pagado ya 2.600; mientras que Marcos G. C., informático, también falsificó documentos y cobró 8.603 euros. Por su parte, Clara Isabel C. V., trabajadora social, hizo lo propio con 283 euros.
Además de las penas de cárcel se les pide que devuelvan ese dinero más los intereses.
La defensa del gerente aportó ayer multitud de facturas que dijo que su cliente había pagado y la prueba de ello por parte de un perito. Sin embargo, tanto el fiscal como la acusación aseguraron que es una táctica dilatoria para prolongar el proceso.
