El presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, y el consejero de Fomento de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana, firman un convenio de colaboración para ayudar a los municipios de menos de 20.000 habitantes en la gestión y tramitación de la disciplina urbanística.
Según recoge la agencia Europa Press, Cortés resalta que este convenio es un ejemplo más de la colaboración entre administraciones y detalla que con él se quiere ayudar a los consistorios en el "control y protección de la legalidad urbanística", sin que tal ayuda suponga cesión de soberanía municipal.
El presidente de la diputación subraya que esta labor es para los ayuntamientos más pequeños una tarea "difícil" por la falta de recursos humanos y técnicos en la gestión de los expedientes de disciplina urbanística. Por ello, con este convenio se oferta la posibilidad de ser ambas administraciones las que se encarguen de la "gestión completa" de estos expedientes urbanísticos, desde el momento en que llega la denuncia a cualquier alcaldía, por la posible comisión de infracción, hasta el completo final del procedimiento pasando por el cobro de la sanción.
Para que este convenio se ponga en marcha tan sólo resta la redacción del documento de la encomienda de gestión y decidir el porcentaje que la Diputación de Badajoz cobrará, un porcentaje que solo habrá que abonar en caso de que haya cobro efectivo de una sanción.
Además, ambas administraciones se comprometen al intercambio de información para prestar la ayuda a los municipios, recursos humanos y el desarrollo de cursos y jornadas si fuera necesario.
Finalmente, José Luis Quintana explica que el objetivo del convenio es "garantizar que todos los ayuntamientos de la provincia" puedan disponer de información y asesoramiento para llevar a cabo la gestión urbanística de sus municipios.
El consejero de Fomento señala que esta labor servirá para complementar el trabajo que ya se realiza desde las 18 oficinas urbanísticas abiertas en las distintas mancomunidades de la región, y que servirá también para poner en marcha los nuevos mecanismos de legalización de urbanizaciones y segundas viviendas previstas en la nueva Ley del Suelo regional.
Para Quintana, este convenio es una "ayuda inestimable" para que los municipios más pequeños y con menos recursos puedan "velar" por el cumplimiento de la disciplina urbanística.
