El Ayuntamiento de Guadiana ha presentado una segunda querella contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presunta prevaricación al «retirar las subvenciones que incumplan, según su criterio, la Ley de Memoria Histórica». La primera la presentó en octubre del 2016, fue inadmitida por el Juzgado de Instrucción 2, y al recurrirla, la Audiencia acordó la nulidad y un nuevo proceso, por lo que el ayuntamiento considera que sigue viva. Basa la querella en el decreto sobre subvenciones, por un «presunto delito de prevaricación». Estima que «no cabe escudarse en que la Ley de Memoria Histórica, en su interesada interpretación, le faculta para decidir, al margen de la justicia, a quién debe entregar subvenciones».

Gallardo, por su parte, ha respondido a la nueva querella del alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, que la primera fue ya desestimada «pero creo que sigue para buscar notoriedad y desviar la atención, de que un alcalde envalentonado contra la Diputación de Badajoz y su presidente, se fue a cenar a una fundación denominada Francisco Franco que no apuesta por los valores democráticos».

Ratificó que las instituciones están para cumplir la ley y recordó que el pleno de la diputación aprobó que las subvenciones en 2017 estén condicionadas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Ello significa, añadió, que hay que hacer un catálogo de símbolos y vestigios y eliminarlos para poder acceder a las subvenciones «pero si no cumples con la ley tendrán que ser devueltas», matizó.

El presidente de la diputación finalizó destacando que «si por cumplir la ley me tiene que poner una querella, bienvenida ésta y las que vengan».