La Audiencia Provincial de León condena a 46 años de prisión a Rafael Prado, el pederasta que abusó de 16 niños, todos menores de 13 años, en los campamentos de Guijo de Santa Bárbara y Carucedo (León) --algunos estuvieron en los dos campamentos--. El juez le acusa de doce delitos continuados de abusos sexuales (debe cumplir tres años de cárcel por cada uno de ellos), cuatro delitos de abusos sexuales (dos años de prisión por cada uno) y un delito de revelación de secretos, por el que cumplirá dos años de cárcel y deberá pagar una multa de 3.240 euros. Tampoco podrá aproximarse a doce de sus víctimas durante seis años y a las otras cuatro durante cuatro años.

Los hechos ocurrieron en julio de 2011 en la localidad leonesa y en julio de 2012 en el municipio cacereño, durante la celebración de sendos campamentos en los que el acusado ejercía de director. Según recoge la sentencia aprovechaba cuando los menores se encontraban dormidos para quitarles la ropa y realizarles tocamientos en sus genitales, "guiado por la intención de satisfacer ilícitamente sus instintos sexuales y con ánimo libidinoso". Grababa todo lo que hacía con una cámara de visión nocturna. Sin embargo el juez, tal y como recoge la sentencia, no ha podido acreditar que el material grabado lo utilizara más que para su visionado personal.

La Audiencia ha probado también que en el momento de cometer los hechos el pederasta estaba "en la plenitud de sus capacidades cognitivas volitivas" (su defensa alegaba que tomaba un medicamento que llevó a realizar los hechos). De hecho el juez considera que existe "un altísimo riesgo" de que vuelva a cometer los mismos delitos en caso de entrar de nuevo en contacto con niños. Abusó de 16 menores, todos varones, aunque ha quedado acreditado que de la mayoría de ellos llegó a abusar en más de una ocasión, hasta seis veces a uno de los niños. Por estos hechos deberá indemnizar también con 3.000 euros a doce de sus víctimas y con 1.000 a las cuatro restantes.

Por otro lado la Audiencia Provincial de León le absuelve del delito de corrupción de menores del que le acusaban tanto la Fiscalía como la acusación particular. El juez entiende que los hechos no alteran o menoscaban la indemnidad sexual de las víctimas. Lo justifica asegurando que los niños se encontraban dormidos cuando ocurrieron los abusos, por lo que no se ha podido acreditar que los abusos les hayan provocado trastornos, menoscabos o alteraciones patológicas, adaptativas o psicológicas.

EN LOS VESTUARIOS Por último la Audiencia Provincial también ha probado que al menos desde el año 2010 el condenado colocó, de forma intencionada, una cámara de filmación oculta en una mochila en un club deportivo de Madrid, del que era monitor de natación, y grabó imágenes de personas sin identificar mientras se estaban cambiando de ropa, muchos de ellos eran menores, que aparecían desnudos.

Los hechos salieron a la luz tras la denuncia de la mujer del acusado, que se encontró por casualidad en un armario de su casa la cámara en la que tenía las grabaciones. Según su declaración guardaba los vídeos divididos por carpetas que tenían los nombres de los menores. La Fiscalía solicitaba para él 234 años de prisión por un delito de revelación de secretos, 16 delitos de corrupción de menores y 16 delitos de abusos sexuales, 12 de ellos de carácter continuado.