La Guardia Civil detuvo el lunes en su domicilio de Logrosán a Roser G. B. para hacer efectiva la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que la condenó en enero de 2014 a un año de prisión por un delito de estafa cometido en el año 2006.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y autoridades judiciales a este diario, Roser G. B. fue trasladada tras su detención a las dependencias del centro penitenciario Cáceres II, donde cumplirá la condena de un año contemplada en el dictamen del juez, más seis meses de cárcel derivados del impago de la multa que le impuso el magistrado de 4 euros diarios durante seis meses.

La existencia de antecedentes penales de similares características han sido determinantes para que la Audiencia Provincial de Cáceres haya dictaminado su ingreso en prisión.

Hasta el momento, el tribunal de justicia provincial ha denegado los recursos presentados por la defensa de Roser G. B., alegando una posible reiteración de los hechos delictivos por parte de la condenada, no obstante, el abogado asegura que asistirá a los juzgados para comprobar el origen de los antecedentes penales, que según asegura, no constan en la sentencia y recurrirá la decisión del juez para intentar revertir esos seis meses de cárcel en seis meses de multa y devolver así la condena de su cliente al estado inicial del dictamen.

HECHOS JUZGADOS Los hechos por los que la vecina de la localidad fue condenada en enero del pasado año se remontan al 2006 cuando la mujer, que residía en el domicilio de sus padres en Logrosán junto a su pareja, José Antonio R. M., facilitó los datos personales y de la tarjeta de crédito del que era entonces su novio para pagar cinco cursos con la empresa de formación profesional CCC.

Las cantidades cargadas a la cuenta bancaria de José Antonio R. M. ascendieron a 767,69 euros (234,39; 235,52; 81,23; 85,55 y 131,00 euros).

En un primer momento, el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa penado en el artículo 248 y 250.1.7 del Código penal y pidió para la acusada una condena de dos años de prisión, una multa de nueve meses con una cuota diaria de 10 euros y la inhabilitación especial para el derecho de voto de la acusada.

Sin embargo, tanto la defensa de la condenada como el Ministerio Fiscal llegaron a un acuerdo de conformidad previo a la celebración al juicio, en el que se constituyó la actual pena y se retiró la petición de responsabilidad civil al haber sido abonada la cantidad correspondiente al perjudicado en su entidad bancaria.