El encarcelamiento provisional del ginecólogo Carlos Morin, especializado en practicar abortos, pena que ayer la jueza que instruye el caso impuso también a los psiquiatras Fernando Carroto y Pascual Xavier Ramón Mora, por la presunta falsedad de los informes, ha extendido el rechazo a las supuestas irregularidades del encausado sobre la treintena de clínicas privadas que asumen en España las interrupciones del embarazo. Representantes de ese sector dieron a conocer ayer en Barcelona la situación de "acoso, persecución e indefensión" en que dicen actuar desde hace varias semanas.

Casi al mismo tiempo, en un gesto insólito en los últimos decenios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid autorizó las manifestaciones antiabortistas convocadas por Alternativa Española para el próximo 28 de diciembre en las puertas de cinco clínicas madrileñas que practican abortos legales. La acción, que promueve la abolición de la ley que despenalizó la interrupción del embarazo, había sido prohibida por la Delegación del Gobierno. Los convocantes exigen a la capital que suspenda los conciertos económicos que mantiene con las clínicas abortistas de Madrid.

Las reunidas en Barcelona hablaron en nombre de la red de centros privados que asume el 97% de los cerca de 92.000 abortos que se realizan cada año en España, y pidieron a los partidos políticos y al Gobierno que impidan la criminalización de unos centros que, dijeron, se ajustan a la ley y cumplen una "función social" que, dijeron, debería asumir la sanidad pública.

FILMACIONES E INSULTOS Inspecciones "abusivas" por la frecuencia y la forma en que se están realizando, visitas de supuestos médicos que filman con cámaras ocultas en los quirófanos y cuelgan momentos de abortos en Youtube, desprecintado y fotografiado de contenedores que, ajustándose a la normativa, conservan en frío los restos biológicos desechados en la mesa de operaciones, y la recuperación de insultos como el de "asesinas" son algunas de las situaciones que experimenta el sector, describió Isabel Iserte, vicepresidenta de la federación estatal de asociaciones de planificación familiar.

La preocupación del sector incluyó a la inquietud de muchas de las mujeres que han solicitado sus servicios en los últimos años, cuyas historias clínicas han sido entregadas a los investigadores policiales. Cerca de 40 de esas mujeres ya han sido citadas judicialmente para que describan el proceso médico y administrativo con el que suspendieron su embarazo.

En cuanto al caso de Morin, con los últimos arrestos de ayer de los dos psiquiatras, ya son cinco las personas que están en la cárcel por su implicación en la trama de abortos ilegales dirigidos por el ginecólogo.