El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha logrado hoy el apoyo de 15 de los Estados miembros de la UE, suficiente para aprobar la orden europea de protección para mujeres maltratadas.

Tras conseguir una de las prioridades de la presidencia española, su objetivo ahora es concluir en las próximas semanas los detalles de la nueva norma y alcanzar un acuerdo político en junio, que debe ser ratificado por la Eurocámara.

DIFERENTES MEDIDAS

El objetivo de esta propuesta es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada se ejecute automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es la diferencia de medidas que se adoptan en los países miembros. En algunos se inicia un procedimiento penal, en otros, como Alemania, un procedimiento civil y otros, como Reino Unido, tienen un sistema mixto.

Caamaño ha agradecido el "apoyo firme" de las delegaciones. "Hasta junio tenemos un tiempo importante para poder trabajar, insistir y hacer las cosas mejor y poder por tanto incorporar a más Estados miembros a esta posición y también poder seguir trabajando con la Comisión", ha asegurado.

BENEFICIO PARA LOS ABOGADOS

La vicepresidenta del Ejecutivo, Viviane Reding, ha mostrado su disconformidad con la propuesta. "No está madura, está llena de contradicciones, va a perjudicar a las víctimas porque no se les podrá ayudar y seguro que ayudará a los abogados porque ellos se beneficiarán de la litigación tanto en los tribunales nacionales como en los europeos", ha asegurado.

Ha reiterado que el Ejecutivo comunitario presentará a principios del 2011 una propuesta "importante" y "sólida", tras realizar una evaluación de impacto y una consulta pública, que cubrirá las lagunas de la propuesta española y permitirá ayudar a las víctimas "en la práctica y no solo con grandes ideas".

Reding ha amenazado a los Estados miembros con ir al Tribunal de Luxemburgo si no esperan la propuesta de Bruselas y siguen adelante con el proyecto de España. "Es muy simple. Si los legisladores actúan contra la ley y contra los Tratados, la Comisión, en tanto que guardiana de los Tratados, debe llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE", ha dicho.