Acabar con el incesante goteo de motoristas muertos es quizá más fácil de lo que parece. Bastaría con vetar las motos bala, aquellas que superan los 100 caballos de potencia. La venta de estos vehículos está prohibida en Francia desde el 2004 y eso le ha evitado al país vecino el desbocado aumento de muertes que se está registrando en España. Habría que seguir, una vez más, el ejemplo francés en política de seguridad vial.

Las cifras no dejan lugar a dudas. Pese a que los franceses experimentaron en el 2006 un espectacular aumento de ventas de motos que se acercó al 20%, los motoristas que perdieron la vida en las carreteras bajaron ese año el 12,6%. En España, el alza de ventas fue aún superior, pero los pilotos fallecidos crecieron entre el 2005 y el 2007 el 31%. La desproporción es evidente.

PARQUE REDUCIDO El Observatorio de la Seguridad Vial, organismo dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT), acaba de elaborar un informe que arroja más luz sobre la cuestión. Durante el periodo enero-octubre del 2007, el más negro en la historia de las dos ruedas en España, el 46% de las motos implicadas en accidentes mortales superaban los 100 caballos de potencia. El porcentaje ascendía al 58% en fin de semana. Una proporción reveladora si se tiene en cuenta que el parque de estos vehículos es muy reducido.

Las fuentes de la DGT consultadas señalaron que conocen y "analizan con interés" la experiencia francesa, aunque adviertieron de que, "por el momento", no se han planteado aplicar la medida en España.

La batalla abierta por Francia viene de lejos. En 1984 este país se dio cuenta de que un vehículo de dos ruedas, que deja tan desprotegidos a sus ocupantes, no puede estar sujeto a los mismos límites que los de cuatro ruedas. Así que ese año prohibió circular por su territorio a las motos de más de 100 caballos.

DIRECTIVA EUROPEA Pero en 1990 una directiva europea homologó la normativa en el espacio comunitario y Francia tuvo que retirar su veto. A partir de ese momento hizo varios intentos para modificar la directiva, pero se estrelló siempre con la oposición alemana, país donde la industria del motor tiene una fuerza decisiva.

Hasta que en el 2004 decidió prohibir la venta y matriculación de motos de más de 100 caballos. La directiva europea se lo permite, pero en cambio autoriza a circular por el país las motos matriculadas en el extranjero o adquiridas anteriormente. El legislador francés aprobó, sin embargo, otra ley que refuerza su veto: en caso de producirse un accidente causado por una de estas motos, el propietario puede ser condenado hasta con cinco años de prisión y a 75.000 euros de multa.

Un problema con el que topó inicialmente la prohibición fue la gran cantidad de motoristas que optaron por trucar la máquina para darle más potencia que la original de fábrica. Una orden del Ministerio del Interior francés de febrero del 2006 acabó en seco con este fraude al castigar con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa a los mecánicos que llevaran a cabo la operación de trucaje.