La crisis del Carmel trajo ayer las primeras decapitaciones políticas. Un día antes de cumplirse el primer mes del comienzo de una crisis que ha obligado a 1.057 vecinos a abandonar sus casas, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquín Nadal, anunció en el Parlamento los ceses del director general de Portes y Transportes, Jordi Juli , y del presidente de la empresa pública GISA, Ramón Serra. Y anunció una reforma del sistema de contratación de obras públicas instaurado por CiU cuando gobernaba la Generalitat.

SEGUNDA COMPARECENCIA En su segunda comparecencia en el Parlamento por el Carmel, en un pleno extraordinario y monográfico sobre el siniestro, Nadal siguió sin concretar los motivos técnicos del accidente --"no he sabido encontrar una causa única que explique satisfactoriamente el problema", dijo--, repartió las culpas y responsabilidades en todas las empresas adjudicatarias y remarcó la paternidad de CiU del proyecto de construcción del túnel de maniobras hundido.

En un largo, prolijo y calculado discurso de tres horas, Nadal recordó, de nuevo, que la adjudicación del proyecto, el cambio de ubicación y el inicio de las obras se produjeron en época del Govern de CiU. Lanzó también algunos dardos envenenados a la gestión de obras públicas del pasado, que luego, en el turno de réplicas, con el exconsejero de Obras Públicas, Felip Puig, y el presidente de CiU, Artur Mas, provocaron un agrio cruce de acusaciones.

El más tenso lo protagonizaron este último y el president, Pasqual Maragall, cuando éste sugirió que CiU cobraba comisiones ilegales por las adjudicaciones de obras. "Su problema es el 3%", le espetó Maragall a Mas. El líder de CiU logró que el president retirase luego su acusación bajo la amenaza de impedir el consenso sobre el futuro Estatuto.

Nadal explicó así los ceses: "Acepto con todo el dolor las dimisiones, pero hago mías las palabras del president Maragall, de que pagarán justos por pecadores. Ni a Jordi Juli , ni a Ramon Serra les tocaría hacerlo". Y situó el origen de los problemas en la forma de adjudicar las obras públicas, de modificarlas y de controlarlas del antiguo Govern de CiU.

ACCIONES LEGALES En el reparto de culpabilidades del siniestro del Carmel, Nadal confirmó que la Generalitat emprenderá "acciones legales" para que las empresas encargadas de la dirección de obras --Tec Cuatro y Geocontrol-- y la UTE de constructoras adjudicatarias --FCC, Copisa y Comsa-- "respondan de la totalidad de los daños causados a terceros, si fuese el caso".

Tras recalcar de nuevo que no hubo "ningún motivo de alarma" que anunciara a GISA un riesgo de accidente durante los días previos al hundimiento, Nadal puso la sombra de sospecha en la actuación de las concesionarias y en los refuerzos de hormigón de la bóveda del túnel. Por eso anunció la paralización "de punta a punta" de las obras de la línea 5 y la suspensión del contrato con las empresas adjudicatarias hasta que se esclarezca "la parte de responsabilidades de cada una de las empresas causantes de los daños".

La Generalitat pretende ahora que si finalmente los tribunales determinan que las empresas concesionarias son responsables del desprendimiento de tierras en el Carmel, deberán hacerse cargo de las indemnizaciones por la pérdida de viviendas, los enseres de su interior y de "todos los gastos que las administraciones ya han sufragado", dijo Nadal, como las dietas que han ido percibiendo los 1.057 desalojados del Carmel.

UN PELIGRO LATENTE En el relato de las causas técnicas del accidente, Nadal no aportó muchos datos nuevos. Sólo puntualizó que, cuando se produjeron los primeros movimientos de tierras dos días antes del hundimiento del túnel, "el peligro era latente, pero no evidente". Descartó, en ese sentido, que hubiera una relación de control presupuestario en el posible ahorro de las cantidades de gunita para reforzar las zonas donde se detectó un menor grosor del hormigón.