El Gobierno está decidido a continuar con una de sus señas de identidad en la pasada legislatura: la ampliación de los derechos civiles. Pese a que arrecia la crisis y se halla en soledad parlamentaria, el Ejecutivo dio luz verde ayer a un anteproyecto que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y mantiene que las jóvenes a partir de 16 años puedan interrumpir su embarazo sin el permiso de sus padres, el cambio más criticado. El objetivo del Gobierno es frenar el número de abortos ilegales dando a las mujeres la última palabra.

El anteproyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo y salud sexual cambia radicalmente el modelo de 1985, hoy vigente, que solo permite el aborto en caso de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física o psíquica de la madre. Aunque es más restrictiva que las del entorno europeo, en la práctica ha permitido que los abortos (más de 100.000 al año) no dejen de aumentar en España. La indefinición del último supuesto ha facilitado que cualquier mujer pueda abortar sin plazos, lo que ha causado abusos e intervenciones clandestinas, algunas escandalosas.

LA PROMESA El PSOE incluyó en el programa electoral del 2004 la promesa de reformar la norma, pero el Ejecutivo, tras dar luz verde al matrimonio gay, no creyó conveniente abrir otro campo de batalla. Sin embargo, después de que saltaran a la luz pública los fraudes cometidos por clínicas privadas como la del doctor Morín, aumentaron las voces que solicitaban dar un profundo giro a la ley.

Se creó entonces una subcomisión parlamentaria que acordó, con el voto en contra del PP, aprobar una ley de plazos en la que las jóvenes a partir de 16 años puedan abortar sin permiso paterno. El Gobierno nombró, además, un comité de expertos cuyas conclusiones prácticamente se han calcado en el anteproyecto aprobado ayer.

Este borrador permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Las mujeres que acudan a un hospital recibirán un sobre cerrado con información sobre las ayudas disponibles para las madres, los pros y contras de tan difícil decisión, así como los centros que realizan las intervenciones. Es obligatorio que transcurran tres días "de reflexión", según la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, antes de la intervención.

EXCEPCIONES Pasadas las 14 semanas, solo se podrá interrumpir la gestación hasta la semana 22 si hay riesgo para la vida o la salud de la embarazada o si el feto sufre graves anomalías. En este caso, se exige el dictamen de dos médicos distintos al que hará la intervención. Pasada la semana 22, solo un comité clínico pluridisciplinar podrá autorizar la operación cuando se detecten anomalías que vayan a causar la muerte del niño o una grave e incurable enfermedad. Esta autorización, que supone una novedad respecto al informe de los expertos, pretende evitar las peregrinaciones de mujeres que quieren evitar dar a luz a un bebé con una enfermedad incurable a otros países.

Para evitar que las jóvenes culminen su gestación solo porque su familia se lo impone, se incorpora la polémica recomendación de permitir el aborto sin consentimiento paterno. La ley del paciente ya autoriza a los mayores de 16 años a someterse a cualquier operación salvo en el caso de reproducción asistida, ensayos clínicos o aborto. El anteproyecto elimina esta restricción. El Ejecutivo argumenta que no ha contemplado que los padres sean al menos informados, algo de sentido común para mucha gente de la calle, para evitar que lleven a sus hijas a los tribunales, como ha sucedido ya varias veces.

CENTROS PUBLICOS El aborto se incluirá en la cartera del sistema nacional de salud de forma que se dé la vuelta a la situación actual y sean los centros públicos los que realicen la mayoría de las intervenciones. El texto elimina, además, las penas de cárcel para las mujeres que aborten fuera de la ley, aunque las prácticas ilegales serán castigadas. E incorpora un paquete de medidas sobre salud sexual para prevenir los embarazos no deseados de obligado cumplimiento para las comunidades.

Aído definió el nuevo texto como "consensuado y equilibrado", mientras que el PP consideró que traslada el mensaje de que el aborto es "un anticonceptivo más". La Sociedad de Médicos de Atención Primaria recomendó burlar la ley y solicitar el permiso paterno. Los grupos antiabortistas cargaron, lógicamente, contra el Gobierno.