El director general de Tráfico, Pere Navarro, propuso ayer que todo conductor implicado en un accidente en el que ha sufrido heridas esté obligado a someterse a análisis de sangre para detectar la presencia de drogas o alcohol. Ahora, debido a una laguna de la ley de enjuiciamiento criminal, el conductor puede negarse y en ese caso las fuerzas de seguridad se ven obligadas a obtener una orden judicial que no siempre es concedida.
"Esta formalidad dificulta, cuando no impide, la obtención de una prueba que debería ser automática, sin más requisito que la extracción de sangre fuera realizada por personal facultativo", explicó Navarro, para quien la prueba es clave para la determinación de las causas de los siniestros, tanto a efectos de castigo penal como preventivos.
TRABAJO INFRUCTUOSO El primero que alertó de esta dificultad fue el teniente coronel de la Guardia Civil en Galicia, José Luis Ulla. Lo hizo en el cuarto Foro contra la Violencia Vial celebrado en Madrid este mes. Allí lamentó el trabajo infructuoso a que se ven obligados sus agentes. "El vacío legal complica el trabajo policial y no defiende el derecho a la vida, que debería estar por encima de otros como el de la intimidad", argumentó.
El presidente de la comisión de Seguridad Vial del Congreso, Jordi Jané (CiU), que asistió al foro, recogió el guante y ha formulado ya una propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que prevé incluir en la reformar exprés de los delitos de tráfico que actualmente debate la Cámara Baja. Navarro no precisó ayer si el Gobierno apoya esta inclusión, pero de no ser así sería muy difícil que su propuesta prospere durante esta legislatura. Apenas queda margen de tiempo para tramitar nuevos proyectos de ley.
El grupo de trabajo creado por el Congreso para debatir los delitos de tráfico se reunió ayer por segunda vez a puerta cerrada sin alcanzar un acuerdo definitivo. Todo quedó pendiente de un nuevo encuentro a celebrar el próximo 12 de junio. Con esta demora es muy difícil, por no decir imposible, que se cumpla el vaticinio del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que la reforma entre vigor durante el verano.
La propuesta del Gobierno incluye calificar como delito el exceso de velocidad que supere en más de 50 kilómetros por hora los límites en ciudad y en más de 70 kilómetros por hora en las vías interurbanas. También sería delito conducir con más de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre y hacerlo con el carnet retirado. En los tres casos, las penas oscilarían entre los tres y seis meses de cárcel, aunque el juez podría sustituirlas por trabajos.
