De profesión, concursante de reality show . Esta es la definición que reivindica medio centenar de participantes en este tipo de programas de televisión después de que la justicia francesa haya dictado una sentencia que otorga estatus de trabajadores a tres concursantes de L´®le de la tentation (La isla de la tentación ), de la cadena privada TF1. El fallo emitido la semana pasada por el Tribunal de Apelación de París ha desencadenado una oleada de consultas en el bufete de abogados que ha llevado el caso.

Según el letrado que ha llevado el proceso, Jérémie Assous, al menos unos 50 exconcursantes se han mostrado dispuestos a seguir los pasos de Arno, Marie y Anthony, los jóvenes que se querellaron contra la productora de la cadena, Glem. Su victoria sobre el canal privado de mayor audiencia en Francia, condenado a pagar 27.000 euros a cada uno, ha dado alas a muchos participantes de programas como Nouvelle Star --una versión francesa de Operación triunfo -- o Loft , que viene a ser el Gran hermano de la televisión del país.

Sin embargo, no es la sanción lo que más preocupa a los directivos de las cadenas, que cuentan con grandes presupuestos para este tipo de programas, sino la implicación que ello puede acarrear en términos de derechos laborales. La sentencia estima que los concursantes no son participantes de un juego filmado que únicamente se divierten mientras se doran al sol, sino "trabajadores remunerados", a los que se pide realizar unas tareas concretas en un horario preciso, como si estuvieran sujetos a un contrato. "Son empleados con derecho a un contrato de trabajo, una tarifa horaria, horas suplementarias y días de libranza", asegura Assous.

A la productora de TF1 más le habría valido aceptar la sentencia del 2004 de la Magistratura de Trabajo, que ordenó recalificar el "contrato de participantes" de los concursantes de L´Ile de la tentation y convertirlo en un "contrato de trabajo". Assous tuvo entonces su primer triunfo.

Glem decidió presentar recurso, pero el remedio ha sido peor que la enfermedad. La justicia no solo ha confirmado la sentencia, sino que la refuerza: la productora ha sido condenada --por trabajo disimulado, ruptura abusiva y despido irregular-- a pagar 27.000 euros a cada concursante por una decena de días de trabajo. Si la sentencia es ratificada por el Tribunal de Casación, las productoras de realities no solo deberán hacer frente a una lluvia de sanciones millonarias, sino que algunos programas pueden tener los días contados. "Si no se puede filmar a los concursantes las 24 horas, eso cambiará totalmente las reglas del juego", dice un productor.