Cuando aún no se había enfriado la tierra en las 32.500 hectáreas afectadas por una de las peores olas de incendios que se recuerdan en Extremadura, el Consejo de Gobierno de la Junta se reunió para diseñar las primeras medidas de apoyo a los afectados. Fue el 29 de agosto, hace 85 días, y la actuación más urgente, al margen de aquellas que se concretarían poco después, fue la de acometer la reparación de infraestructuras de abastecimiento de agua, el arreglo de las casas quemadas en Jola y Grimaldo y el suministro de paja para el ganado de la zona.

Dos días después, se ponía en marcha un ambicioso plan de reforestación, dotado con 12 millones de euros y que prevé colocar 3,5 millones de árboles en 12.600 hectáreas de monte.

El 9 de septiembre, tras otro Consejo de Gobierno, veían la luz las medidas urgentes de revitalización y recuperación del tejido económico, plasmadas en tres decretos que afectaban a otras tantas consejerías.

Así, desde el departamento de Economía se estipulaba que habría subvenciones directas de hasta el 40% para la reposición de bienes afectados, prórrogas en los planes de ejecución de inversiones, incentivos agroindustriales de hasta el 100% en nuevos proyectos y coste cero en operaciones de leasing, así como un incremento de cinco puntos en todas las subvenciones directas y dos en las líneas de financiación empresarial.

CONTRA LA EROSION Por parte de Agricultura y Medio Ambiente, la actuación se encaminó a la adopción de medidas urgentes que evitasen que las lluvias del otoño arrastrasen la cubierta vegetal, dejando los suelos improductivos. Para ello se abrió la concesión de ayudas contra la erosión de hasta 60.000 euros por beneficiario, dentro de una partida global de 4,2 millones de euros.

Finalmente, la Consejería de Fomento facilitó viviendas con alquiler subvencionado a los que hubieran perdido sus casas, mientras que los que estuviesen como inquilinos en una vivienda quemada se podrían cobijar en casas de promoción pública.

Asimismo, se acordó la contratación urgente de las obras de reparación en los inmuebles y de las de abastecimiento de aguas en Valencia de Alcántara, Pinofranqueado y sus pedanías, con un montante total de casi 200.000 euros.

EVITAR LA ESPECULACION Apenas 48 horas después, el consejero de Desarrollo Rural, Francisco Javier López Iniesta, se veía en la difícil papeleta de comparecer por vez primera en la Asamblea para explicar lo ocurrido. Al margen del tenso debate, Iniesta refrendó que una nueva ley forestal mantendrá la prohibición de cambiar de uso los terrenos afectados por el fuego. Del mismo modo, explicó que la prevención primaría sobre el cuidado del medio ambiente y que se establecerían convenios con Portugal y las comunidades limítrofes con Extremadura para coordinar la lucha contra los incendios.

Dentro del mismo mes, la Junta declaraba que impulsaría planes de excelencia turística en Sierra de Gata, Las Hurdes y Valencia de Alcántara, dotados con 600.000 euros y cofinanciados por el Gobierno (50%), el Ejecutivo regional (25%) y los ayuntamientos (25%). Finalmente, el 23 de septiembre se aprobaba el estímulo de la contratación en las comarcas quemadas, que impulsaría la creación de 200 empleos.