La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha descartado de forma taxativa cualquier posibilidad de que la Comisión Europea revise su decisión de acabar en el 2010 con el actual sistema de ayudas al tabaco, un sector estratégico para el campo extremeño. Lo hizo durante una reunión que ha mantenido en Bruselas con representantes de los cultivadores, sindicatos e industriales de los diferentes países productores, que exigen que se prorroguen las ayudas hasta el 2013. Si los ministros de Agricultura no frenan la propuesta de Fischer, el sector productor extremeño dejaría de percibir, durante ese trienio, alrededor de 150 millones de euros, que se destinarían a políticas de desarrollo rural.

Extremadura produce anualmente alrededor de 40 millones de kilos de tabaco --el 92,5% del total nacional--. En su práctica totalidad se cultivan en dos comarcas cacereñas, las del Campo Arañuelo y La Vera, cuyas economías están profundamente vinculadas a este sector, por lo que se verían seriamente afectadas si finalmente se produjese el recorte de las subvenciones.

En realidad la postura de Fischer Boel no constituye ninguna sorpresa. "No dice nada que no haya dicho antes", asegura José María Ramos, presidente de la sectorial del tabaco de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE). "Desgraciadamente es la que más clara está siendo de todos", lamenta.

"NINGUNA ESPERANZA" De hecho, según uno de los asistentes a la reunión, el secretario de la Unión Internacional de Cultivadores de Tabaco (Unitab), François Vedel, Fischer Boel "no ha dado ninguna esperanza" de que la Comisión Europea reconsidere su actual decisión. De esta forma, desde el 2010 un 50% de las primas se reducirán y se traspasarán a fondos de desarrollo rural, y el resto se desacoplará de la producción, frente a la actual distribución, que mantiene vinculadas al cultivo hasta un 60% de las ayudas.

"El resultado de la reunión no ha sido bueno y como todo se juega en los consejos de ministros de la UE, ahora habrá que trabajar para movilizar a los Gobiernos de los países productores", dijo Vedel. El problema es que éstos no suman una mayoría de votos suficiente para conseguir la prórroga que quiere el sector, por lo cual el responsable de la Unitab ha abogado por buscar apoyos y "alianzas" con otros estados dentro de la reforma de la PAC. En este sentido, la estrategia de los países productores --además de España, Italia, Polonia, Bulgaria, Francia, Grecia y Alemania-- podría pasar por buscar intercambios con Estados miembros que quieren excepciones en otros cultivos.

También muestra algo de optimismo el director general de la transformadora pública Cetarsa, Antonio Carcaño, quien todavía ve posible que los ministros de Agricultura acaben rectificando a la comisaria europea. "Hay que seguir negociando y buscando apoyos políticos hasta el último minuto", asevera. La fecha límite se situaría, apunta, a fines de noviembre o principios de diciembre próximos, en el último consejo de ministros de Agricultura del año, que se celebrará bajo presidencia francesa.

Carcaño indica que incluso la misma comisaria ha llegado a admitir "excepcionalidades al reglamento" que permitan mantener las ayudas a la producción en aquellas zonas en las que un cultivo "está muy concentrado". Se haría así con el fin de evitar las consecuencias socioeconómicas que tendría una desvinculación total de ayudas y producción. "En Grecia desacoplaron totalmente las ayudas al tabaco en el 2006. Han pasado de producir 120 millones de kilogramos de tabaco a 25 millones. Once empresas han tenido que cerrar y no han podido ni siquiera pagar las indemnizaciones a sus trabajadores", ejemplifica.

Para Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, la prórroga de las ayudas hasta el 2013 es necesaria por un doble motivo: "Para permitir la reestructuración del sector y para darle el mismo trato que al resto de cultivos". Huertas también critica que se estén asociando las políticas antitabaco con las de producción: "Hacer que desapareza el cultivo del tabaco no va a suponer que se deje de consumir", argumenta.

Angel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, tiene claro que la única solución de viabilidad para el sector tabaquero extremeño pasa por que la Junta de Extremadura destine los 154 millones de euros que dejarían de percibir los productores "a un programa agroambiental del tabaco", que garantice la continuidad de su cultivo. Además, García Blanco, insiste en que, ante el complicado futuro que aguarda al sector, Cetarsa está bajando los precios que paga a los productores con el fin de capitalizarse "y preparar un expediente de regulación a partir del 2010".