Un colectivo de 2.200 personas, con la sartén por el mango porque su trabajo es imprescindible, ha dejado en tierra a más de 600.000 viajeros. Han perjudicado a la maltrecha economía española y han tirado por la borda los beneficios del puente para el sector turístico. El mantenimiento de sus condiciones laborales justificaba lo injustificable. Hasta que el Gobierno acudió ayer a una herramienta excepcional, que no había usado en 35 años de democracia, para devolver la normalidad a los cielos. La declaración del estado de alarma permite la movilización inmediata de cualquier funcionario y, si este se niega a trabajar, su detención y su puesta a disposición de un juez militar. Solo esta medida hizo desistir a los controladores de seguir con un paro que ha dañado gravemente la imagen de España y ha provocado una irritación mayúscula a los viajeros y a la opinión pública, que reclama que se adopte un castigo ejemplar.
Fue declarar el estado de alarma, en torno a las 13.15 horas, y comenzar a desatascarse una conflicto laboral enquistado desde principios de año. El 90% de los controladores volvieron paulatinamente a sus puestos de trabajo, tomados por los militares desde que el viernes por la noche el Gobierno dejó en manos del Ministerio de Defensa el control de los aeropuertos. Aun así, la situación tardará 48 horas en normalizarse porque las plazas estaban repletas. Aena declaró el espacio aéreo abierto hacia las 15.30 horas, pero la reprogramación de los planes de vuelo, un trabajo conjunto de Eurocontrol, Aena y las compañías aéreas, lleva horas. Hasta las 21.00 habían operado 241 vuelos de los 3.424 programados.
LOS MOVIMIENTOS PREVIOS No hay precedentes de una situación así en España (sí en EEUU, Portugal, República Dominicana y Venezuela), aunque los aeropuertos repletos recordaban al caos aéreo que provocó la nube volcánica irlandesa en la pasada primavera. No obstante, la protesta de los inspectores era más previsible que la explosión de un volcán. Desde hace días se barruntaba que querían organizar protestas, aunque era difícil de imaginar la verdadera magnitud de sus pretensiones.
De hecho, los viajeros tienen un enojo mayúsculo con los controladores pero algunos ponen en la diana también al Ejecutivo, por no haber impedido la dramática situación. El PP se sumó a los reproches, al acusar al Gobierno de no alejar del puente "más importante del año" la aprobación de un decreto que ha acabado de crispar a un sector que se siente maltratado desde que Fomento recurrió a los decretazos para recortar su monopolio y privilegios. La norma aprobada el viernes les obliga, según su versión, a devolver a la empresa los permisos y bajas disfrutadas a lo largo del año. Se carga, por tanto, "los derechos laborales de un colectivo agotado", según la cúpula del sindicato mayoritario, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA)
Sin embargo, la justificación del Gobierno es que precisamente aprobó el viernes el decreto porque Fomento tenía "indicios preocupantes" de que preparaban una protesta. "La situación empezaba a ser insostenible, pero es verdad que nadie preveía que podían hacer tanto daño", explicó el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba tras el Consejo de Ministros extraordinario que acordó declarar el estado de alarma. La excepcional norma fue rubricada por el Rey desde Argentina y tiene una duración de 15 días, aunque el Gobierno no descarta ampliar el plazo o recurrir a otras argucias legales para garantizar la tranquilidad en los cielos en Navidad y después. "El Gobierno tiene la firme determinación de que esto no vuelva a suceder", señaló Rubalcaba pasadas las ocho de la tarde.
EL CASTIGO Según afirmó el vicepresidente primero del Gobierno, los controladores rebeldes serán castigados, tanto por la vía administrativa como por la penal. Pueden ser acusados de los delitos de desobediencia y de sedición. Las aerolíneas, por su parte, calculan que dejarán de ingresar entre 60 y 80 millones de euros diarios, a lo que hay que sumar las pérdidas del resto del sector turístico.
