Extremadura contará en breve con un Estatuto de los expresidentes , una norma que existe ya en la mayoría de las comunidades autónomas y que tiene como objetivo regular las condiciones de retiro de los máximos dirigentes autonómicos. Entre otras cosas, estos textos incluyen una dotación económica, un reconocimiento del estatus de estos políticos y la posibilidad de que creen sus propias oficinas para poder aprovechar su experiencia.

Tanto el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Francisco Fuentes, como el presidente del PP extremeño, Carlos Floriano, han coincidido en la necesidad de que esta regulación sea aprobada antes de que el actual presidente regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, abandone el cargo. Así, en los próximos días podrían iniciarse los contactos entre ambas fuerzas en este sentido.

Sin embargo, se da la circunstancia de que éste no es un proyecto novedoso en Extremadura, y de hecho su desarrollo ya se prevé en la ley de gobierno y administración de la comunidad autónoma, aprobada en el 2002.

Acuerdo sin desarrollo

Un año después, en octubre del 2003, altos cargos de PP y PSOE rubricaban el Acuerdo Político sobre las Instituciones , un documento que en su tercer epígrafe acordaba que los populares presentasen una norma para "garantizar que los expresidentes de la comunidad (...) puedan atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y decoro que corresponden a las funciones ejercidas". Es decir, lo que en la práctica se conoce como Estatuto de los Expresidentes .

Sin embargo, el acuerdo no llegó a más y a pesar de que según ese texto el proyecto debía haber llegado a la Asamblea en el primer semestre del 2004, nunca se concretó el contenido de esta normativa, algo de lo que tanto PP como PSOE se han culpado mutuamente.

Ahora parece que el acuerdo sí será posible, puesto que ante el anuncio de la retirada de Juan Carlos Rodríguez Ibarra todos se han puesto las pilas a pesar de que al presidente extremeño "eso no le preocupa", según palabras de Francisco Fuentes.

Apoyo del PP

Ayer mismo Carlos Floriano dejaba claro que el Estatuto de los Expresidentes "es algo que hay hacer cuanto antes", y se mostró dispuesto a que sea una propuesta conjunta de todos los grupos parlamentarios. Para el presidente popular "hay temas que hay que salvaguardar", como la seguridad, el transporte e incluso la creación de una oficina, puesto que "hay que aprovechar el caudal" que surje de la experiencia de Rodríguez Ibarra.

Una vez manifestado el interés de todas las partes por alcanzar un acuerdo, el siguiente paso será el desarrollo de este decreto. Según la experiencia acumulada en otras comunidades --prácticamente todas cuentan ya con una norma-- la seguridad y los medios materiales y humanos para abrir una oficina son los mínimos comunes .

A partir de ahí, los salarios oscilan entre el 60% y el 80% del percibido durante su trabajo, y en algunos casos éste es vitalicio y en otros limitado a un máximo de dos años, mientras que en otras ocasiones los perciben como miembros de los Consejos Consultivos. Estos sueldos incluyen, siempre, una incompatibilidad con otras retribuciones, ya sean públicas o privadas.

Pensiones vitalicias y la posibilidad de contratar asesores --normalmente dos-- para el trabajo de sus oficinas son otras de las prerrogativas que suelen tener los expresidentes.