Cada centro educativo tiene que desarrollar su plan de éxito escolar (la Junta lo hará de forma plurianual y dotará de recursos a los colegios para que lo puedan hacer) y también deberán contar con un plan de convivencia, en el que se impliquen familias, alumnos y profesores. Asimismo, se establecerá para cada etapa educativa qué nivel de lenguaje e idiomas deben haber alcanzado los alumnos.
Todo ello para dar un "impulso modernizador e innovador a la educación en Extremadura con el objetivo de convergencia con la media europea en el 2020". Esta es "la clave" de la futura Ley de Educación de Extremadura que contempla estas y muchas otras medidas, y que se ha consensuado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el líder del PP extremeño, José Antonio Monago, según resalta la consejera de Educación, Eva María Pérez.
Los acuerdos anunciados (libre elección de centros, destinar no menos del 6% del PIB y del 20% del presupuesto total extremeño, o considerar al docente como autoridad pública) son "cuestiones periféricas", matiza, ya que, en su opinión, lo verdaderamente importante de la normativa "es el eje vertebrador del pacto social y político de Extremadura".
Sin embargo, considera que ese acuerdo político es "histórico", ya que es la primera vez que una comunidad autónoma lo consigue y que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo también en España. Extremadura, por tanto, "es un referente a nivel nacional" de cómo alcanzar acuerdos de esta importancia.
Pérez anuncia que el próximo 26 de noviembre el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de ley y que después la normativa pasará al Parlamento para su aprobación definitiva esta legislatura tras una enmienda conjunta presentada por ambos partidos.
