Aún no hay nada decidido, pero se mantiene la puerta abierta a una posible congelación salarial a los funcionarios extremeños. La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, dijo ayer que no es "descabellada" la propuesta realizada a principios de mes por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, acerca de paralizar la actualización de los sueldos de los empleados públicos cuyas retribuciones superen los 30.000 euros anuales. Según las primeras estimaciones de CSI-F, en la administración autonómica extremeña responden a este perfil en torno a 15.000 trabajadores, entre médicos, maestros y personal funcionario del grupo A (licenciados e ingenieros superiores), y algunos del B (diplomados e ingenieros técnicos). A ellos habría que sumar el personal de la universidad y de la Administración del Estado asentado en la región, como los de Justicia o Hacienda, por lo que la cifra de afectados por la congelación salarial sería aún mayor.
Todas las fuerzas sindicales mayoritarias de Extremadura se han posicionado claramente en contra de esta medida, al considerar que no solucionará los problemas derivados de la crisis económica y, por el contrario, dañará las hasta ahora buenas relaciones entre los agentes socialistas y las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones a la situación económica.
"En una situación en la que todos nos estamos apretando el cinturón, que hay una crisis de consumo y circunstancias en las que han bajado enormemente los tipos de interés y la inflación está en unos datos mínimos, congelar los sueldos en la administración pública puede ser una medida más para dar liquidez al Gobierno, y no sería demasiado descabellado", comentó ayer Lucio en respuesta a las preguntas de los periodistas durante un desayuno informativo para dar cuenta de la última reestructuración del Servicio Público de Empleo de Extremadura.
ESPERAR AL MINISTERIO En todo caso, la consejera extremeña advirtió que la administración regional no adoptará ninguna decisión al respecto hasta que el Gobierno central tome una decisión definitiva sobre la medida planteada por el ministro de Trabajo e Inmigración. Celestino Corbacho se refirió a esta posibilidad en una entrevista a un medio de comunicación en la que aseguraba que si la situación económica no mejoraba en 2009, el próximo año se debería apostar por la congelación de los sueldos de los altos cargos y de los funcionarios de alto nivel. En esa misma entrevista el ministro se mostraba optimista con respecto a la evolución de la economía española a lo largo de este año, lo que evitaría seguir adelante con la propuesta de congelar los salarios.
Sin embargo, sus vaticinios sobre la evolución del mercado laboral, en los que situaba la barrera de los cuatro millones de desempleados a finales de año como "paradigma de lo negativo", pueden verse superados ampliamente, a tenor de la previsión publicada ayer por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que eleva el número de parados hasta los 4,5 millones al cierre del 2009.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ya ha dicho que la congelación salarial de los funcionarios no se analizará hasta que el gobierno comience a trabajar en la planificación presupuestaria del próximo año. "Ni se estudia, ni se deja de estudiar, es algo que debemos analizar", comentó tras la propuesta del ministro, que podría afectar en caso de que las restricciones presupuestarias así lo aconsejen, a un total de un millón de funcionarios de todas las administraciones públicas del país, de un total de 2,5 millones de empleados públicos.
Desde el primer momento, la propuesta del ministro Corbacho ha sido rechazada por los sindicatos. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que el Gobierno no pude imponer la congelación salarial a los funcionarios "ni a todos ni a una parte de ellos", ya que desde la aprobación del Estatuto de la Función Pública, este tipo de cuestiones deben abordarse en la Mesa de la Función Pública, donde están representadas las fuerzas sindicales.
