La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado con penas de hasta 6 años y medio de cárcel a los cinco acusados de asaltar la finca ‘Los Morines’, en Santo Domingo de Olivenza, en 2020. Lo ha hecho después de que acusación particular, Fiscalía y defensa alcanzasen un acuerdo de conformidad en la mañana de ayer antes de comenzar un juicio que, en caso de no haberse llegado a un consenso, continuaría durante el día de hoy.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de febrero, cuando José Manuel R.G., Antonio J.M.M. y Cristian J.G.V. sorprendieron a los moradores del inmueble mientras dormían. Tras agredirles con escopetas que estaban colgadas en la propia casa (José Manuel utilizó una para darle un culatazo en la cabeza a una de las víctimas), los maniataron, y huyeron del lugar llevándose consigo unos 270 euros en efectivo, los móviles de los perjudicados, las llaves del coche, las dos armas usadas y unos zahones.

Ana María L.M. y Victoria G.E., ambas parejas de dos de los asaltantes, vigilaban fuera. Esta última fue quien proporcionó información sobre la ubicación de la llave de acceso a la puerta de la cocina, ya que su madre había estado trabajando en la finca como limpiadora. Ana María, por su parte, se encargó de conducir el vehículo.

La Fiscalía acusaba a José Manuel, Antonio y Cristian de un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada (los dos primeros, además, incluyendo el uso de instrumento peligroso) y otro de detención ilegal de los dos miembros de la pareja que vivía en la finca. A José Manuel, además, le acusaban de un delito de lesiones agravadas. En total, cada uno de ellos se enfrentaba, respectivamente, a 19 años, 14 y 7 meses y 11 y 3 meses de prisión, pena que finalmente han acabado en 6 y medio y 5 años los dos últimos.

Por otro lado, el Ministerio Público consideraba a Ana María y Victoria cooperadoras necesarias del delito de robo, por lo que pedía 2 años y 3 meses y 4 años y medio de cárcel para cada una. Con el acuerdo, las condenas se reducían a 1 año y 8 meses y a 2 y 2 meses, y Ana María pasaba a ser considerada cómplice y no cooperadora.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal exigía que los encausados pagasen las costas, devolviesen los zahones e indemnizasen a las víctimas con 875 euros por los efectos sustraídos, añadiendo la cantidad por la que se tasasen las escopetas que se llevaron. José Manuel, por su parte, debería pagar también 2.350 euros por las lesiones causadas al afectado. En esta cuestión ha estado la clave de la conformidad, pues la responsabilidad civil ha aumentado hasta 9.000 euros, de los cuales ya han sido abonados 1.125; el resto deberá ser ingresado en un plazo de seis meses a partir del 1 de diciembre.

Satisfacción de las partes

José Duarte, abogado de José Manuel y Ana, manifestó estar satisfecho con el acuerdo, sobre todo porque «ya hay paz social con respecto a las víctimas, que es muy importante», y porque también se ha premiado la confesión de sus defendidos. Puso en valor el «esfuerzo» que realizaron la acusación particular y la Fiscalía, así como la «magnífica» instrucción del juzgado de Olivenza. Duarte explicó, además, que podría pedir la suspensión de la pena de sus clientes al no tener antecedentes penales ni superar cada delito los 2 años de cárcel.

Juan Miguel Méndez Peña, abogado de Victoria, coincidía con su opinión y apuntó que este tipo de delitos no pueden quedar impunes, pero que deben imponerse penas «acorde con las circunstancias».