El expediente presentado el año pasado por Aeca para justificar la necesidad de las cámaras incluía un extenso dossier de medio centenar de páginas de actos vandálicos en la zona publicados por la prensa desde el 2004. La Comisión de Garantía de la Videovigilancia de Extremadura, que informó negativamente sobre la solicitud, está integrada por el presidente del TSJEx, su fiscal-jefe, un abogado del Estado y representantes de la federación de municipios, de la Administración General del Estado y la Delegación del Gobierno, con dos asesores designados al efecto. Llerena y Olivenza también pidieron permiso para instalar cámaras en vías públicas, pero no fueron autorizados al considerar que no existían riesgos concretos e importantes para permitir esta medida.
