Multado un abogado con 6.000 euros por calumniar al juez decano
Llegó a imputarle un delito de prevaricación en un escrito de recurso.
El Juzgado de lo Penal ha condenado a un abogado cacereño, A. M. N., a pagar una multa que asciende a unos 6.000 euros por calumniar al magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y juez decano, Federico Alba, en el escrito de un recurso de apelación que presentó ante la Audiencia Provincial contra una resolución de este juez, según una sentencia hecha pública ayer.
El juez Federico Alba tuvo que resolver varios pleitos del abogado con su mujer por la separación de la sociedad de gananciales. En estos litigios el letrado se representaba a sí mismo. Tras las resoluciones de este magistrado, que eran contrarias a las pretensiones del abogado, éste decidió recurrir en apelación una de estas sentencias ante la instancia judicial superior: la Audiencia.
LE ACUSO DE ARROGANTE En el recurso, el abogado llegó incluso a imputar un delito de prevaricación al culpar al juez de dictar una resolución "injusta a sabiendas". Más aún, le acusó de actuar contra él por "animadversión", de dejarse llevar por "las pasiones personales", de comportarse de forma "arrogante" y resolver los asuntos judiciales de forma "parcial, injusta y desproporcionadamente".
El magistrado Rafael Estévez, de refuerzo en el juzgado de lo Penal que ha resuelto el caso de calumnias, considera en su fallo judicial que el abogado tuvo una "evidente intención dañosa hacia el honor, la dignidad y el prestigio profesional" de juez al redactar el escrito del recurso, ya que sabía que éste iba dirigido al órgano superior del magistrado Alba (la Audiencia Provincial) y que la imputación de prevaricación era falsa.
La sentencia añade que el letrado, conocedor del Derecho y los términos jurídicos, fue más allá del exceso o el desliz verbal en su narración del recurso con tales aseveraciones "afrentosas", que en nada tenían que ver con el contenido del recurso que debía dirimir la Audiencia Provincial, y por ello, supera la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales. La multa impuesta es de 10 meses a una cuota diaria de 20 euros.
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