Algunos 'grandes' casos pendientes

Ningún proceso judicial es idéntico a otro y, además, pueden ser innumerables los aspectos que los diferencien. Ante esta realidad resulta comprensible que no todos se resuelvan con la misma rapidez, que existan causas que en apenas unos meses estén tramitadas y sentenciadas, mientras que otras se demoren durante años. Casi seis años, por ejemplo, habrán transcurrido de dos de los más importantes incendios registrados en la provincia, el de Cañaveral y Carrascalejo, cuando se celebren sus correspondientes juicios.

Y es que todo depende de los aspectos de cada caso, del delito del que se trate, del número de imputados, de los informes y estudios que requiera su tramitación... Así ocurre con los ya referidos de los incendios de Cañaveral y Carrascalejo, el reciente crimen de Logrosán, el atropello mortal de Robledillo de Gata o la muerte de un bebé en el Casar de Cáceres, que son algunas de las causas, con una mayor repercusión social, que aún siguen en trámite o pendientes de juicio y resolución en la justicia cacereña. Los motivos, diferentes en cada caso.

Dos importantes incendios 'judiciales'

Más de cinco años hace que se produjeron dos de los incendios forestales más importantes, por sus consecuencias, que se recuerdan en Extremadura, los de Cañaveral y Carrascalejo; y casi seis habrán transcurrido cuando los acusados de provocarlos sean juzgados.

Ocurrieron ambos en el 2006 y su tramitación judicial ha sido larga y laboriosa, debido, sobre todo, a que ha sido necesario determinar quiénes eran los numerosos perjudicados y hacer las valoraciones de todos los daños y perjuicios, de gran consideración en ambos casos, que provocaron los fuegos.

En los dos casos la instrucción ha concluido y se encuentran pendientes de juicio. Es más que probable que ninguno se celebre antes del próximo año, y lo que es prácticamente seguro es que el primero en juzgarse será el de Cañaveral. Este tuvo lugar en julio del 2006, por una imprudencia de operarios de las obras de la autovía de la Plata (A-66), y supuso la quema de casi 1.800 hectáreas. Cuatro son los imputados, acusados de un delito de incendio forestal de especial gravedad por imprudencia grave por los que cada uno de los acusados se enfrenta a 3 años de prisión y 4.380 euros de multa; y 104 son los perjudicados, de los que muchos son acusación particular en el juicio --de hecho intervendrán en la vista unos 15 abogados, además del fiscal y el letrado de la Junta--.

Un mes después del anterior, en agosto del 2006, tenía lugar el incendio de Carrascalejo, más grave, pues fue intencionado y hubo peligro para la vida o integridad física de las personas, por lo que los dos acusados se enfrentarán a penas de entre 10 y 20 años de prisión.

Se originó el 12 de agosto en la localidad cacereña de Carrascalejo y se propagó hasta Mohedas de la Jara y Puerto de San Vicente, en Castilla-La Mancha, arrasando unas 3.800 hectáreas de las provincias de Cáceres y Toledo.

Un crimen condifícil investigación

El Juzgado de Logrosán instruye la causa por la muerte de un disparo, en febrero pasado, de un empresario de la localidad. Del crimen se culpa a la esposa y a un hijo del fallecido, que se encuentran desde hace ya tres meses en el centro penitenciario de la ciudad mientras continúa la instrucción de la causa, "bastante complicada" según fuentes cercanas al caso.

Para los dos imputados decretó la juez que instruye el caso, a finales de junio pasado y tras una larga jornada de toma de declaraciones, la prisión provisional, comunicada y eludible con el pago de una fianza de 180.000 euros. Ambos han recurrido el auto de prisión, sus abogados han solicitado su puesta en libertad provisional, pero en ambos casos la Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado sus recursos.

Madre e hijo seguirán, al menos de momento, en situación provisional, sin que sobre el tiempo que se prolongará aún la investigación e instrucción de la causa se atrevan a adelantar nada, ni tan siquiera hacer una previsión, ninguna de las partes implicadas en el proceso --juez, fiscal y los abogados de las defensas--.

Luces y sombras en un atropello mortal

De la instrucción de la causa judicial abierta tras el atropello mortal que en mayo pasado se produjo en Robledillo de Gata, en el que falleció un concejal del PP, se hace cargo el Juzgado número 1 de Coria.

Juan Carlos Marcos, de 40 años y candidato número tres del PP de Robledillo de Gata fue hallado muerto la madrugada del sábado 14 de mayo en la carretera a Descargamaría, y dos vecinos de esta localidad, Modesto S. C., de 55 años, y Luis Miguel H. R., de 38 y candidato número 3 por el PP en Descargamaría, fueron detenidos el miércoles siguiente como presuntos autores del atropello mortal. Se da la circunstancia de que los tres, fallecido y presuntos autores del atropello, había asistido horas antes a un mitin del PP en la Casa de la Cultura de Robledillo de Gata.

Tras prestar declaración ante la juez, esta decretó para los dos detenidos, acusados de un delito de homicidio por imprudencia y un delito de omisión del deber de socorro, libertad provisional, y finalmente figura solo como imputado Modesto S., conductor y dueño del vehículo. Su abogado ha pedido en repetidas ocasiones el sobreseimiento y archivo del caso, la última, hace escasamente un mes, en base a unos informes de Criminalística que, según el letrado, exculpan a su defendido. El Juzgado, por su parte, ha solicitado nuevas pruebas.

Presunta negligencia médica

Pendiente tan solo de que se fije la fecha del juicio se encuentra el caso por una presunta negligencia médica, ocurrido en el centro de salud de Casar de Cáceres con el resultado de la muerte de una niña de 17 meses, en el que se imputa a una médico y un enfermero.

El Juzgado número 3 de Cáceres ha concluido la instrucción y el caso se encuentra ya en el Juzgado de lo Penal, donde habrá de celebrarse la vista oral contra los dos imputados, ambos acusados por la familia de la pequeña, aunque en el caso de la Fiscalía solo acusa a la médico, para la que pide un año de prisión y tres de inhabilitación para el ejercicio de la medicina por un presunto delito de homicidio por imprudencia. La defensa mantiene que la actuación de ambos facultativos fue la correcta, y solicita la libre absolución.