La Diputación de Cáceres tendrá que pagar 125.000 euros a 17 exaltos cargos nombrados por el anterior equipo de gobierno socialista en ejecución de una sentencia que les da la razón en su demanda de mantener por ley su mismo estatus, aunque fueran cesados tras la entrada del PP en la institución hace dos años. El fallo judicial obliga también a la diputación a crear nuevos puestos de alta dirección --jefaturas de sección-- en cuatro de los casos, así como a seguir pagándoles el mismo complemento específico que recibían como personal de confianza.

En todas las situaciones, los exaltos cargos han recibido la paga íntegra durante los nueve meses posteriores al cese, en virtud de una ley autonómica que contemplaba, antes de la llegada de Monago al gobierno, el mantenimiento de un plus y la creación de un puesto similar al del momento del cese. El PP modificó la normativa en junio del 2012 y suprimió varias condiciones, excepto el abono de la paga.

Según precisó ayer el diputado de Recursos Humanos, Emilio Borrega, 13 de estos 17 funcionarios ya han regresado a su plaza de origen, aunque a cuatro designados por el PSOE que siguen trabajando en la diputación se les creará una jefatura de sección y seguirán percibiendo un complemento específico como si fueran altos cargos. Son los casos de Antonio Jiménez Mostazo, que fue jefe de Asesoría Jurídica; Pilar Guillén, de Recursos Humanos; Francisco Pozo, exjefe de servicio de Administración General, y Francisco Caballero, exdirector del colegio mayor Francisco de Sande.

SIN RECURSO Precisamente ayer el pleno de la diputación tuvo que aprobar una modificación presupuestaria para hacer frente a esta sentencia, que ha anunciado que no recurrirá. El equipo de gobierno entiende que se trata de "privilegios inasumibles" y, aunque en un principio aplicó la legislación nacional, los funcionarios recurrieron ganando el pleito.

"Es la mochila que nos dejó el PSOE", afirmó Saturnino López Marroyo, portavoz del equipo de gobierno, en la que incluyó el pago de deudas a proveedores sin que hubiera un control administrativo previo. Sin embargo, en opinión de Miguel Angel Morales, portavoz del PSOE, "los funcionarios cesados son votantes del PP" y dijo que "se les cesó sin que el equipo de gobierno cumpliera la normativa. El PP no cumplió y ahora un tribunal les da la razón".