La Junta ejecuta 2 nuevos desahucios en viviendas sociales de Aldea Moret, en Cáceres

La Junta de Extremadura ejecutó ayer dos nuevos desahucios en viviendas sociales de la barriada de Aldea Moret. Uno de ellos se produjo en el número 9 de la calle Germán Sellers de Paz. En este caso no fue necesario expulsar a ninguna familia, ya que en su interior en ese momento no residía nadie. Aunque sí se procedió al tapiado del acceso a la vivienda, para evitar que pueda ser ocupada de manera ilegal. En ese mismo edificio, de hecho, hay ya al menos otros dos pisos tapiados.

El otro lanzamiento se produjo en la calle Juan García García, en el bloque número 14. En este caso fue necesario desalojar a una familia con un bebé de pocos meses. Según explicó la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a este diario se trataba de un matrimonio que había ocupado de manera ilegal esta vivienda de titularidad pública.

En realidad, según indican desde el Gobierno regional, solo iba a realizarse el cambio de cerradura de la casa, sin embargo, cuando los funcionarios iban a proceder a ello, "han encontrado en su interior a una pareja con un niño que la ocupaba ilegalmente. Voluntariamente la han abandonado y se han ido a casa de unos familiares que residen en la misma zona", aseguran a este diario las mismas fuentes.

Los afectados y sus familiares expresaron su malestar por haber sido expulsados de la casa, alegando que al tener un niño pequeño no podían dejarlos en la calle. En este sentido la consejería de Sanidad y Políticas Sociales aseguró que "se les ha citado para una reunión y conocer su situación con el compromiso de darles una solución cuanto antes".

La Junta revisa desde hace meses todos los expedientes de desahucio de vivienda pública para valorar cada problemática social y renegociar cada impago. La revisión se está produciendo en la mesa de seguimiento del Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en materia de Vivienda de Promoción Pública propiedad de la Junta. Los desahucios practicados en Extremadura a lo largo del pasado año descendieron un 6,4% respecto a 2014, hasta los 721, según el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial publicado hace unos meses.