En julio de 2010 se suscribió un convenio de colaboración entre el consorcio 'Cáceres 2016', entidad presidida por la entonces alcaldesa Carmen Heras, y la empresa Avicart con el que se buscaba promocionar la capitalidad cultural de la ciudad en 2016. Heras y los concejales de Turismo e Innovación fueron condenados por prevaricación administrativa por las irregularidades en el pago del espectáculo. Las facturas de luz y sonido alcanzaron los 81.370 euros y fueron fraccionadas en cuatro pagos. La condena se sustenta al conocimiento de los acusados de estar incumpliendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que se les condenó a 8 años de inhabilitación de cargo público. El abogado de Heras, Emilio Cortés, defiende la falta de pruebas de este supuesto conocimiento por parte de la alcaldesa por lo que antes del 21 de septiembre presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
