La junta local de gobierno del ayuntamiento decidió la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la presidenta de la diputación de Cáceres que requiere al consistorio el pago de 948.987 euros pendientes de la segunda anualidad del 2016 del servicio de bomberos, que la institución provincial presta al ayuntamiento con el convenio firmado en febrero de 2013. Con esta decisión, que se tomó en la junta local de gobierno del pasado 24 de marzo, se acaba por judicializar las diferencias mantenidas por ambas administraciones sobre la cantidad que la diputación pasa al ayuntamiento por los costes de la prestación del servicio. Se llega a la vía judicial pese al acercamiento habido el pasado 1 de febrero y después de que tras esa reunión parecía que se iba alcanzar una solución negociada.
Las diferencias se mantienen por la anualidad de 2016 y por una liquidación complementaria de los ejercicios de 2014 y 2015, que por parte del ayuntamiento no se descarta que también acabe en un contencioso administrativo. Fuentes municipales confirmaron ayer que la junta tomó el acuerdo y que se ha notificado al juzgado que se va a recurrir dado que no se ha detallado por la diputación la información sobre por qué en la anualidad de 2016 se produjo un incremento de casi medio millón de euros respecto a la de 2015. La primera fue de 1.415.000 euros y la segunda pasó a 1.987.000 euros.
