El grupo popular en la Diputación Provincial de Cáceres va ha registrar una moción ante el Pleno para que se cree una comisión informativa no permanente para decidir sobre el futuro uso del Hospital Virgen de la Montaña, propiedad de la institución, una vez que la Consejería de Sanidad ha anunciado que desalojará el edificio este mismo año. El portavoz del PP en la Diputación, Alfredo Aguilera, ha hecho este anuncio ayer en rueda de prensa, donde hizo un balance de la gestión de la presidenta provincial, Rosario Cordero.

El PP volverá a presentar esta moción, que espera se debata en el próximo Pleno de la Diputación, tras ver rechazada una similar en octubre de 2017. Alfredo Aguilera ha acusado a Rosario Cordero de «falta de previsión y de ideas» porque, como publicó este periódico, Diputación no tiene decidido qué va a hacer con el edificio. La propuesta del PP, según Aguilera, pasa por «centralizar» en el Virgen de la Montaña «todos los servicios que tiene la institución, sobre todo, los que son el día a día de ayuntamientos y ciudadanos», que en la actualidad están repartidos en varios edificios.

La reacción del grupo socialista en la Diputación no se ha hecho esperar. Su portavoz, Fernando García Nicolás, a través de nota de prensa, ha apostado por «la reflexión y la búsqueda de consenso para dar un futuro uso al hospital provincial».

El grupo popular también se ha referido a otros aspectos de la gestión de la presidenta al frente de la institución, que ha calificado de «obsoleta y que no responde a las necesidades de la provincia».

Alfredo Aguilera ha criticado las 67 modificaciones en el presupuesto del 2017 que, a su juicio, responden a una «falta de planificación». Aguilera ha afeado que se haya «vendido» la ejecución del 77% del presupuesto cuando, según el grupo popular, se ha producido gracias al traspaso de 17 millones de inversión a transferencia de capital a los ayuntamientos y no en «potenciar el tejido productivo». El portavoz popular también ha reprochado a la presidenta de la Diputación que, desde 2015, el gasto público y de personal haya aumentado en 10 millones de euros, frente a los 100.000 en inversión.

Alfredo Aguilera ha criticado que la Diputación vaya a gastar 20 millones de euros para luchar contra la despoblación «sin saber cómo se van a repartir, ni la participación activa de los ayuntamientos» y ha apuntado a que «todas las administraciones debemos ir de la mano» para combatir el abandono de los pueblos.