Los hosteleros de La Madrila están ahora pendientes de la decisión del Juzgado de lo Penal Número 2 sobre si decreta su ingreso en prisión o permite que no entren en la cárcel mientras se resuelven los indultos que han presentado. En el caso de la exalcaldesa Carmen Heras y del exconcejal Carlos Jurado, la juez tendrá que decidir si acepta la suspensión de la pena de cárcel que han solicitado al haber sido condenados a menos de dos años; en concreto a un año y nueve meses de prisión.
Tal y como adelantara ayer este diario el Ministerio Público se muestra partidario de que los hosteleros no ingresen en prisión hasta que el Gobierno resuelva los indultos que han presentado. Esta misma postura ha adoptado la acusación particular, que representa a la Asociación Cacereños contra el Ruido, colectivo que presentó una querella contra los once hosteleros y los dos políticos por los ruidos de esta zona de copas.
Esta última parte (los vecinos afectados) supedita su decisión a que los hosteleros hagan frente al pago de las indemnizaciones, de las multas y de las costas. Ya han pagado las indemnizaciones (salvo uno que alega no tener dinero para afrontarlo) y muchos de ellos también las multas (otros han solicitado el pago aplazado en seis meses).
Lo que faltaba era el pago de las costas del juicio, que ascienden a 61.000 euros (52.000 euros es lo que costó a los vecinos este proceso más 9.000 euros del trabajo del procurador). Esta cantidad deben abonarla entre los once hosteleros condenados, aunque se debe aclarar aún si tienen que pagar todos o están exentos los que solicitaron ser representados mediante justicia gratuita.
EL AYUNTAMIENTO / Los condenados también han recibido el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, que aprobó por unanimidad en un pleno su apoyo a la petición del indulto parcial o total de la pena. Los hosteleros han sido condenados a más de dos años de prisión por lo que solicitan que se indulte la pena completa o, en su defecto, parte de la misma, para que se quede únicamente en dos años de prisión y poder solicitar después la suspensión de la misma al juzgado. El Gobierno tarda en resolver los indultos entre ocho meses y un año (se presentaron a finales del mes de diciembre).
Mientras tanto los hosteleros esperan la decisión de la juez titular del Juzgado de lo Penal Número 2. En caso de que decida decretar su ingreso en prisión recurrirán a la Audiencia Provincial.
Por otro lado, el juzgado ha solicitado además que se investigue a Pasadena Copas por el caso de los ruidos, después de que una vecina declarara en el juicio que le afectaba este establecimiento. Y que se inicie un proceso contra el presidente de la Asociación Cacereños contra el Ruido, Fernando Figueroa, por un presunto delito de falso testimonio en el juicio.
