Nunca he encendido un ordenador en el ayuntamiento, ni siquiera el mío, no entiendo de ordenadores», dijo ayer el alcalde de Santa Cruz de Paniagua entre 2003 y 2011, Ángel Cervigón, en su declaración en la Audiencia Provincial, donde se le juzgó ayer por los delitos de prevaricación, malversación de fondos y de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. El Ministerio Público solicita siete años de prisión y 16 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público.

Se le acusa de recibir entre 400 y 500 euros al mes en concepto de kilometraje, sin constar justificación alguna de los desplazamientos. Estas cantidades, según indica el fiscal, eran idénticas mes a mes. «Renuncié a mi sueldo de alcalde en 2004, no estaba ni dado de alta en la Seguridad Social, solo cobraba unos 30 o 40 euros por pleno. Podría haber percibido del ayuntamiento 90.000 euros pero renuncié, solo percibía el kilometraje», aseguró ayer. Dice que él informaba a la administrativo (también imputada en la causa) del lugar al que había viajado, siempre en su propio coche, y ella se encargaba de contabilizar los kilómetros y de realizar la cuenta. Cobraba siempre en cheque.

También se le acusa de contratar viajes municipales a la empresa de transportes que él gestionaba. No realizaba para ello ningún concurso público. «Eran viajes improvisados, que se cerraban el viernes y había que hacerlos el sábado, no había tiempo de sacarlo a concurso. Siempre intentaba cobrar 50 euros menos para no perjudicar al ayuntamiento», afirmó. Según el Ministerio Público contrató también a sus hijos sin darles de alta en la Seguridad Social y sin contrato. Su hijo se encargó del mantenimiento de la piscina, por lo que cobró unos 900 euros cada verano (fueron dos). Y su hija sustituyó a la administrativo 14 días, por lo que cobró 500 euros. En la misma condición contrató también a otras personas del municipio, allegadas a él.

CULPA AL SECRETARIO / Aseguró que en el ayuntamiento las cosas se hacían según el asesoramiento del secretario municipal, Antonio Jesús Santibáñez, al que se acusa también de prevaricación y malversación de fondos. Solicitan para él cinco años de prisión. Este último afirma que nunca asesoró sobre los expedientes y que él firmaba los pagos (tanto de las contrataciones como de los viajes que se hacían con la empresa de transportes del alcalde) una vez que ya se habían abonado. «No me quedaba más remedio que contabilizarlos», dijo. Él también cobraba su sueldo mediante un cheque. Continuó en el ayuntamiento hasta 2012, cuando el actual alcalde y el que presentó la denuncia que ha terminado en este juicio, quería contratar a una concejala con el plan de empleo social, cuando la primera de la lista era otra persona.

Para la alguacil se piden también cinco años de prisión por los mismos delitos. Ella se encargaba de entregar los cheques, pero dice que lo hacía asesorada por el secretario. El ayuntamiento también contrató a su hija y a su marido para ciertos trabajos. El juicio se ha pospuesto hasta el día 19.H