Su nombre es complicado, ‘Ordenanza Reguladora de la Distribución y Reparto Gratuito de Información, Publicidad y Propaganda con Fines Comerciales’, pero su objetivo es sencillo: impedir el acoso que sufren los turistas que llegan a la ciudad, y también los propios cacereños, por parte de los relaciones públicas que les inunda con flyers y les asaltan para que vayan a un restaurante determinado o realicen una actividad turística concreta.

El Grupo Municipal Ciudadanos instó este jueves a continuar de forma urgente con la tramitación de la ordenanza, cuyo borrador se aprobó por unanimidad el pasado 14 mayo, pero quedó en suspenso por el Estado de Alarma. El alcalde, Luis Salaya, recogió la propuesta, que calificó de positiva, y horas después firmó la autorización para la puesta a exposición pública de la nueva ordenanza, que se publicó ayer.

«Viene a regular esto que llamamos el ‘asalto’ al turista o al ciudadano, que no es un término que al ayuntamiento nos guste, pero está ocurriendo en la plaza Mayor, en San Juan, en Pintores, y hay que regularlo…», declaró ayer el portavoz municipal, Andrés Licerán, al informar del avance de la ordenanza. «Por regla general, no se podrán organizar los repartos de publicidad en un entorno superior a 3 metros del establecimiento que se publicita», subrayó. Aunque, si se autoriza, también podrán realizarse en espacios no adscritos a un local siempre que no se invada el área de influencia de otros. Tampoco se obstaculizarán las paradas de autobuses, los accesos a edificios públicos ni a los establecimientos relacionados con la hostelería y/o comercio e industriales. No se podrá utilizar música, anunciar bebidas alcohólicas, llevar animales como reclamo ni abordar a los conductores. «Los repartidores deberán estar identificados por el ayuntamiento para evitar problemas que todos conocemos», dijo Licerán.

La normativa pretende poner fin a la persecución al visitante, pero también a los conflictos que por esta causa se generan entre los negocios. Ha llegado a haber enfrentamientos personales, suplantación de identidad y casos que han llegado al juzgado.