«No podemos más». Este es el grito desesperado de los trabajadores de Feafes en Cáceres tras casi un año sin cobrar sus sueldos. La plantilla inició este jueves un encierro indefinido en el centro de Mejostilla como última baza para reclamar una solución inmediata a una situación que consideran límite y exigir que se les abonen los salarios que les adeudan desde verano de 2020.
Así, casi una veintena de empleados se concentró pasadas las 19.00 horas en la que será la primera de las protestas que realizarán cada jueves hasta que se les ofrezca una alternativa a los impagos y que se garantice su futuro laboral. En la entrada del centro desplegaron tiendas de campaña con la previsión de acampar a modo de reivindicación en el edificio que la entidad, ya extinta, gestiona en la ciudad. En la puerta también lucía también un contador con los días que llevan sin percibir sus salarios, 269, y numerosos carteles en los que a través de consignas acusaban a la entidad y a la administración de «darles la espalda» durante los últimos nueve meses y reclamaban que se cumplan los derechos para los empleados recogidos en la normativa laboral. Incluso los coches de los empleados distribuyeron esquelas que representaban «la muerte de la Salud Mental en Cáceres».
«Estamos aquí porque teníamos que gastar los últimos cartuchos, necesitamos soluciones, basta ya de marear la perdiz de un lado a otro sin conclusiones, la salud mental en Extremadura está fatal y si no cuidan de los que cuidamos ¿Cómo va a salir esto adelante? Llevamos aguantando mucho tiempo, esta no es la primera vez, hemos aguantado dos, tres meses, pero es que ahora van diez, y ya no se puede sostener esto más, necesitamos que se nos pague lo que se nos debe porque nosotros lo hemos trabajado «, expone Laura Paredes, una de las trabajadoras afectadas y monitora desde hace seis años.
En la misma línea se expresa Pedro González, otro de los trabajadores del centro, cuya situación se agrava porque su pareja también es empleada en Feafes. «En nuestro caso trabajamos los dos en el mismo sitio y esta situación nos ha llevado a vivir con nuestros suegros, pero ya se nota que no pueden más tampoco, llegan hasta donde llegan», anota.
En ese sentido, lamentan la desinformación durante el proceso en el que se ha prolongado el conflicto laboral y reclaman transparencia hacia los trabajadores sobre el avance de la situación. «La única respuesta que recibimos es el silencio, pedimos una información clara», pone de manifiesto Miriam Criado.
Del mismo modo, entre sus reivindicaciones, piden que se les abone su sueldo íntegro. En el acuerdo que adoptaron los socios de la entidad para que la gestión del centro sea asumida por la empresa Grupo 5 se recoge que la nueva entidad asumirá una parte de la deuda con los trabajadores. De esta forma, los empleados exigen que se abonen todas las cantidades. «Yo he venido los diez meses, ¿por qué tengo que renunciar yo a mi sueldo? » , denuncia Laura Paredes.
Todas estas peticiones se las harán llegar hoy a Mérida al gerente del Sepad, con el que mantendrán una reunión a las 11.00 horas para conocer el punto en el que se encuentra la situación de la entidad y reclamar una alternativa urgente. «Queremos nos den una solución inmediata al cobro de las nóminas que nos deben, pediremos explicaciones, pero más que explicaciones, queremos soluciones, que nos digan como van las cosas y cobrar algo de lo que nos deben para hacer frente a los gastos que tenemos, si tenemos que esperar a la solución de la cesión ya nos ahogamos», pone de relieve Pedro González.
La protesta se produce en un marco en el que el conflicto laboral parece vislumbrar ya su fin. En este momento y tras varias asambleas de socios que se produjo hace semanas en el hotel V Centenario, ni Feafes Cáceres existe ya que se acordó que se disolviera aunque la junta directiva no acepte esta decisión, ni seguirá gestionando el recurso de Salud Mental ya que se decidió que fuera la empresa Grupo 5 la que asumiera el testigo tras el conflicto. La oferta de la entidad madrileña fue la más apoyada por los socios y propone subrogar al personal y mantener en funcionamiento el recurso que gestiona en Cáceres el centro asistencial y los pisos tutelados.
Ahora, para que se materialice el acuerdo será el Sepad, responsable del recurso, y el ayuntamiento, propietario de los terrenos, las dos instituciones que deberán dar el ok definitivo. Por el momento, los socios ya han comunicado formalmente la decisión a ambas instituciones pero ninguna de las dos se ha pronunciado. El centro de momento continúa el proceso de intervención que ya inició el Sepad hace meses tras ver que no había opciones para que el conflicto se resolviera.
Al respecto, los socios también se pronunciaron esta semana y pidieron agilidad para que se resuelva la situación cuanto antes y se pueda garantizar la continuidad de los trabajadores y de los usuarios del servicio.
