La Junta mantenía el pasado mes de agosto una deuda de 4,2 millones de euros con el Ayuntamiento de Cáceres por el IBI. Este dato centrará el debate de la moción que el grupo municipal del PP presenta al pleno que la corporación local celebra este jueves. En la propuesta, de la que informó este lunes el portavoz del PP, Rafael Mateos, se insta al gobierno local a que deje sobre la mesa la modificación de la ordenanza fiscal del IBI, que conlleva una subida media del 7% en 2022, y que se haga efectivo el cobro de la deuda que la Junta tiene con el consistorio. La concejala de Economía, María Ángeles Costa, respondió que con la moción se intenta «confundir» a la ciudadanía, ya que no se podría cumplir porque se obviaría «todo el procedimiento legal».

Lo que se hace con esta moción es volver a poner sobre la mesa la deuda que la administración autonómica mantiene con el ayuntamiento por el impuesto a pagar por los bienes inmuebles de la ciudad que son propiedad de la Junta, no solo están aquí los edificios de centros públicos, sino también las viviendas sociales. Es un debate cíclico, que se ha repetido en las últimas corporaciones y que llevó a la firma en 2017 de un protocolo entre la Junta y la diputación, que es la encargada de la recaudación de los tributos del consistorio, para el pago de la deuda. 

En las negociaciones para la redacción del protocolo se perfilaba 2023 como fecha para saldar la totalidad del débito, pero el importe de esta deuda es mayor que el que había en 2017. Desde la consejería de Hacienda se aseguró este lunes que la intención de la administración autonómica es «resolver totalmente las deudas que pudieran existir con los ayuntamientos, trabajamos con ello pese a las difíciles circunstancias financieras que la crisis sanitaria impuso en las arcas públicas».

  En la presentación este lunes de la moción, Mateos insistió en que la subida del IBI y del impuesto de vehículos, que también se incrementa en 2022 y cuya suspensión se pide en la moción, es injusta y añadió que con su propuesta para su debate en el pleno se plantea «una alternativa», que es hacer efectivo el pago de la deuda que la Junta mantiene por el IBI. La estimación del débito en 4,2 millones, más otros 5.678 que adeuda el Servicio Extremeño de Salud, sale de la información que el organismo de recaudación de la diputación emitió ante una petición del ayuntamiento y es un dato a fecha del pasado 17 de agosto. En esta información también se detalla que en agosto se notificó a la Junta de Extremadura la providencia de apremio por deudas del periodo 2018/2020. 

Por otra parte, Mateos no se pronunció este lunes sobre la nueva propuesta de la empresa promotora de la mina, su grupo esperará a conocer "primero el nuevo proyecto", aunque especificó que en esta valoración se tendrá en cuenta el interés general de Cáceres, "nos tendrán enfrente si no es bueno", añadiendo que no participarán en movimientos especulativos. El portavoz recordó que en la tramitación para la declaración de la Sierra de la Mosca como Paisaje Protegido se ha dejado fuera el espacio de la mina, por lo que el único documento que protege Valdeflores es el Plan General Municipal de urbanismo.