La modificación de la ordenanza fiscal del IBI y el incremento del tipo impositivo sigue su trámite, está en los últimos días del plazo para la presentación de alegaciones. Era lo esperado. El gobierno local de Luis Salaya tiene los votos suficientes para mantenerla. Pero este incremento se ha convertido en el principal ariete de la oposición al gobierno en los primeras semanas del curso político que se inició en septiembre. El grupo municipal del PP presentó este jueves en el pleno de la corporación local del Ayuntamiento de Cáceres una moción instando al gobierno local a retirar el cambio normativo. No prosperó porque junto a los concejales socialistas votaron en contra los de Podemos y el edil no adscrito Teófilo Amores.
El PP y su portavoz, Rafael Mateos, ofreció como alternativa que se cobre la deuda que la Junta de Extremadura tiene por IBI con el ayuntamiento, que en agosto ascendía a 4,2 millones, y que es superior a los 2,4 millones que se esperan recaudar de más por la subida del IBI a partir de 2023 (en 2022 será de 1,5 millones). Pero esa opción no es viable porque esa deuda ya está reconocida en presupuestos anteriores, no se puede imputar en las cuentas de 2022, que son para las que el gobierno necesita más ingresos para cuadrar los presupuestos del próximo año. Ningún grupo planteó en el debate una alternativa real indicando qué gastos corrientes recortar para no tocar el IBI. Por este motivo la discusión y la crítica se centró en su inoportunidad de la subida y en que la Junta de Extremadura incumpla en el pago del tributo con 4,2 millones de deuda.
Mateos incluyó otro elemento en el debate al insistir en que la revisión catastral anunciada por el Gobierno para el año 2022 provocará una doble subida del IBI, por un lado un mayor tipo impositivo y por otro lado un valor catastral más elevado. La concejala de Economía, María Ángeles Costa, aseguró que «en ningún momento se ha hablado» de que vaya a afectar al valor catastral sobre el que se aplica el tipo impositivo del IBI (sí podría tener una incidencia en los impuestos de Sucesiones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales). Mateos negó a Costa al asegurar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que también tendrá incidencia en el IBI.
Mateos, Antonio Ibarra (Ciudadanos) y Francisco Alcántara (edil no adscrito de Cáceres Viva) insistieron en lo inoportuno de la subida del IBI, que de media será de un 7%, y que entrará en vigor el próximo año. Llega «en el peor momento posible», recordó Ibarra. Pero esa crítica por elegir el momento menos adecuado para una revisión fiscal fue paralela a la que se hizo por la oposición a la Junta por tener una deuda de 4,2 millones de IBI. «¡Que vergüenza!, la administración que impone parte de la carga fiscal a los cacereños es a su vez un moroso», manifestó Alcántara. «Sea beligerante con la Junta», insistió Mateos a Costa. El portavoz del PP precisó que el protocolo que se negoció entre la Junta y la diputación, que se encarga de la gestión de la recaudación de los impuestos locales, «jamás llegó al pleno de la diputación porque iba con informe en contra de la Intervención».
Costa, quien reconoció que la subida del IBI «no es popular, pero sí necesaria», le contestó a Mateos que «no es necesario que nos insten a hacer una cosa que ya estamos haciendo» porque desde el inicio de la legislatura se negocia con la Junta el pago de esta deuda, un proceso «que se ha visto dilatado por ser otras las necesidades por el covid», aseguró.
