El Ayuntamiento de Cáceres cerró el ejercicio de 2021 con un remanente de tesorería para gastos generales de 13,3 millones de euros, la cantidad más elevada en, al menos, dos décadas, desde el inicio del siglo. Esto da al gobierno de Luis Salaya un 'colchón' para atender gastos no previstos en el presupuesto y reducir la deuda a largo plazo que se tiene con entidades de crédito.
En ejercicios anteriores este remanente no ha podido destinarse a cualquier gasto, la normativa estatal de estabilidad presupuestaria condicionaba su uso, aunque la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales contenidas en esta normativa da mayor flexibilidad para su gasto. Serán los servicios económicos del ayuntamiento los que, en base a las propuestas que haga el gobierno, justifiquen y aborden la viabilidad del destino que se dé a este remanente. Y lo harán en sus informes sobre cualquier modificación presupuestaria que se haga para su gasto por parte del ejecutivo local.
Hasta antes de la pandemia este remanente positivo se ha podido gastar en atender a los acreedores de operaciones de gasto no previstas en los presupuestos (hay cuatro millones al cierre de 2021 y este gasto suele corresponderse con pagos pendientes a empresas que tienen servicios públicos en concesión) y en recortar el débito de las operaciones de crédito que tiene vivas el ayuntamiento. Actualmente hay tres: con Abanca, BBVA y con Unicaja Banco. Sumaban 16,5 millones de euros al cierre del pasado año.
El remanente de tesorería con el que se cerró el ejercicio de 2021 es una acumulación de resultados de ejercicios anteriores. No significa que se tenga ya esa liquidez, sino que es posible utilizarlo para consignar crédito para pagos u obligaciones que tenga el ayuntamiento. De manera general, se puede resumir que el remanente es el resultado de los derechos pendientes de cobro que tiene el ayuntamiento tanto del presupuesto de 2021 como de los anteriores más la suma de los fondos líquidos, a ambos se le restan las obligaciones de pago de 2021 y de ejercicio anteriores y los gastos ya comprometidos y con su financiación afectada.
A la cantidad resultante se le tienen que restar también los importes pendientes de cobrar por parte del ayuntamiento (de impuestos, tasas…) que son de dudoso cobro. Estos últimos se cuantifican en 16,3 millones de euros por los porcentajes que establece la Ley de Haciendas Locales en función de la antigüedad de la deuda. Un dato que ha incidido en que 2021 se cerrase con el mayor remanente de los últimos años ha sido que durante ese año se ha producido un incremento de los fondos líquidos.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece el destino del remanente de tesorería: obligaciones con acreedores pendientes de aplicar al presupuesto, amortizar operaciones de deuda a largo plazo y la financiación de inversiones que sean financieramente sostenibles. En 2020, con la crisis económica provocada por la pandemia, esta norma se flexibilizó con la suspensión de las reglas fiscales y el ayuntamiento ya utilizó el remanente para financiar el incremento del gasto social y para dotar de crédito el plan de subvenciones a pymes y autónomos. Para este año no se ha anunciado la continuidad de este plan de subvenciones que se aprobó como medida para ayudar a sectores empresariales afectados por la crisis del covid.
De momento el remanente de tesorería con el que se cerró el ejercicio de 2021 se va a destinar a financiar dos inversiones: el pago de la última certificación de la obra de los campos de fútbol en el barrio de Pinilla (241.000 euros) y juegos infantiles en el barrio de los Castellanos (150.000 euros). Ambas operaciones se dictaminarán en la comisión de Economía que se celebra este jueves.
Durante diez años, desde 2004 hasta 2014, el remanente del Ayuntamiento de Cáceres fue negativo. Las medidas presupuestarias aplicadas con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda para controlar el déficit de los ayuntamiento y racionalizar su gasto cambiaron esta situación. Desde 2015 se está empleando, principalmente, en el pago de deuda a empresas que tienen la concesión de servicios, a reducir la deuda viva y a inversiones, desde 2020 se ha utilizado también para otros gastos como sociales o de ayuda a sectores como el empresarial.
El presupuesto de 2022 es un 4,3% inferior al del pasado año
El presupuesto del ayuntamiento para 2022 se dictaminará este jueves y se aprobará por el pleno de la corporación local en una sesión que previsiblemente se celebrará el próximo lunes. Asciende a 75,4 millones de euros, es un 4,3% menos que el año anterior y la principal razón de esta disminución es que en 2021 se incluyó una operación de crédito por valor de 8 millones para la financiación de inversiones.
El acuerdo que el pleno de la corporación local tomará la semana próxima se adoptará con casi seis meses de retraso (es la ocasión en al menos los últimos diez años que más tarde se aprobarán las cuentas). De momento, y hasta la entrada en vigor de las proyecciones y de las partidas para este año, se trabaja en el ayuntamiento con la prórroga de los presupuestos de 2021.
Los capítulos de gastos que más se recortan con respecto al ejercicio anterior son los de inversiones (este año no hay operación de crédito y las inversiones se sufragan con recursos propios y con fondos europeos) y personal, este se reduce, entre otras causas, porque no se ha consignado crédito para atender la cofinanciación para la ejecución del plan de activación del empleo de la comunidad autónoma de Extremadura para 2022 debido a que las contrataciones ya se están realizando, según informan los servicios económicos del ayuntamiento en su memoria sobre los presupuestos de 2022.
En cuanto a los capítulos de ingresos, se produce un incremento en las previsiones de recaudación de los impuestos directos, son más de 3 millones de euros en comparación con el año anterior. Este aumento se da por la subida del tipo impositivo del IBI, que se está cobrando ahora, y de la tarifa del impuesto de circulación.
