Fernando Valhondo Calaff, un hombre soltero e inmensamente rico, que nació en Cáceres en 1865 y falleció en Madrid en el año 37, murió sin hijos ni herederos directos. Había legado su fortuna en primera instancia, y solo mientras viviera, a un trabajador de su confianza, Ramón Criado, aunque ordenó que a la muerte de éste debía crearse la Fundación Valhondo, dedicada, entre otras cosas, a ofrecer ayudas a la educación en Cáceres. Así lo estipuló en su testamento el benefactor don Fernando, que cuentan selló su última voluntad en la habitación del Hotel Inglés en Madrid, donde murió.
Uno de los grandes legados de Valhondo fueron sus tierras: más de 6.000 hectáreas, de las que incluso antes de su fallecimiento se ocupan 24 familias, algunas desde hace 50 años. Ahora, en un plazo que se extiende hasta 2025, tendrán que abandonarlas.
Se lo comunicaron el pasado 16 de junio, sin apenas tiempo de reacción, lo que les ha llevado a iniciar una campaña de protestas que comenzó el pasado miércoles con una sonora pitada en el pleno (al ser el alcalde uno de los patronos de la fundación). Las movilizaciones prevén continuar este fin de semana y el próximo con una manifestación en la plaza Mayor, en la que tienen pensado repartir paella y gazpacho. Los afectados han hecho una petición a la Delegación del Gobierno, pero aún no han recibido respuesta. Si no contestan lo pondrán en manos de la jurisprudencia acogiéndose a su derecho a salir a la calle, según confirmó ayer el presidente de Asaja, Ángel García Blanco.
El representante de la organización indicó que también realizarán una recogida de firmas contra la decisión del patronato de la Fundación Valhondo «por su poca sensibilidad», dijo García Blanco.
La legalidad
¿Pero es legal el acuerdo adoptado por ese patronato? «También es legal desahuciar. Nosotros respetamos la legalidad, pero estas familias no tienen posibilidad de ir a ningún sitio», reiteró el líder de Asaja.
Las primeras dos fincas de la fundación (La Alberquilla y Casa Solilla) salieron a subasta el viernes, 1 de julio, y según calcula García Blanco en un plazo de 10 días a partir de la presentación de ofertas se abrirán las plicas.
El responsable de Asaja se refirió a las condiciones a las que los agricultores y ganaderos se enfrentan. Del total de la puntuación a baremar, 70 puntos tienen que ver con el precio sobre el que pujan, 5 por ser agricultor a título principal, otros 5 por haberse incorporado a la agricultura en los últimos cinco años, 5 más si la explotación es de titularidad compartida, 5 por tener el domicilio en la provincia de Cáceres, y 10 puntos a criterio de la fundación. Este es el aspecto más espinoso. «Se trata de circunstancias sociales y entendemos que ahí es donde puede haber subjetividad», sentenció García.
«Llamamos a la fundación y no nos facilitan información», lamentó el representante de la organización. Es un lamento generalizado: la escasa capacidad de diálogo que ha tenido la Fundación Valhondo. Es precisamente lo que destaca David Cascón Gómez, el abogado que representa a las familias afectadas»: «Hemos intentado que se solucione esta situación de forma extrajudicial puesto que algunas explotan las fincas en régimen de arrendamiento desde los años 50 del siglo pasado, pero no está siendo posible. A los afectados se les notificó la decisión de la subasta de modo inminente, días antes de la protesta en el pleno», dijo el letrado.
El comunicado
Cascón aseguró que llevan desde hace días solicitando a la fundación una documentación «que es fundamental para aclarar determinadas cuestiones a las que se aferra la institución y que están relacionadas con el testamento y los estatutos de constitución de la misma». El abogado explicó que recurrirán a los registros públicos de la Junta de Extremadura para obtener la información precisa en caso de que no obtengan respuesta.
El letrado anunció que iniciarán un proceso judicial «para dirimir todo esto porque parece que no hay marcha atrás». Cascón sostiene que la fundación argumenta que su decisión es legal «pero ni es legal ni es justa. Eso de la legalidad es muy relativo puesto que hay que tener en cuenta quiénes son las partes afectadas. Hemos observado -relató el abogado- que hay personas muy cercanas a la fundación que tratan de blanquear su decisión argumentando que los arrendatarios quieren pagar un precio irrisorio por mantenerse en las fincas, y eso no es cierto».
Cascón insistió en que se trata de agricultores y ganaderos «que están ahí desde tiempo inmemorial. Algunos trabajaban allí en vida de Fernando Valhondo. Él quiso que su fortuna fuera a parar a la beneficiencia y a sus empleados, como demuestra el hecho de que fue a uno de ellos, Ramón Criado, al que legó sus bienes y al que ordenó que tras su muerte se creara la fundación. Por eso, lo que no se puede es expulsarlos de sus tierras de la noche a la mañana».
David Cascón advirtió que la institución «no es una empresa privada, no puede mercantilizar su actividad y tiene que cumplir su fin fundacional». Según el abogado, sus estatutos «se han ido modificando» y, lo más importante que apunta: «el testamento se ha ido desvirtuando».
La Alberquilla ha salido a subasta por un tramo mínimo de 30.000 euros y un máximo de 40.000. Casa Solilla está entre los 28.000 y los 34.000, pero el problema radica en que los aspirantes pueden pujar por un precio superior, de manera que «el que tenga más dinero se lleva las tierras», consideró el abogado.
Otra apreciación que realizó es que según la Ley de Arrendamiento Rústico, la propiedad puede resolver el contrato avisando a los inquilinos con un año de antelación a la fecha de vencimiento del mismo. «Siempre mandaba un burofax y se renegociaba. En esta ocasión -narró Gascón- la propuesta de los arrendatarios pasaba por firmar un nuevo contrato no a cinco años sino a 10 o 20 para poder realizar inversiones y nuevos proyectos a través de la Unión Europea, pero no se ha llegado a hacer». Finalmente, el abogado concluyó: «Estamos pendientes de ver el resultado de la licitación y si no hay una solución satisfactoria iremos a los tribunales».
El comunicado
¿Qué dice la Fundación Valhondo ante una polémica que la ha salpicado como ninguna otra? Remitirse a este comunicado: «El patronato de la Fundación Fernando Valhondo Calaff ha decidido por unanimidad, en aras a la transparencia, libre concurrencia, igualdad de oportunidades y en beneficio e interés del cumplimiento de sus fines fundacionales, sacar a pública licitación los contratos de arrendamiento sobre todas las fincas rústicas de las que es propietaria, una vez finalizados los compromisos adquiridos con los arrendatarios, de conformidad con la legislación vigente en materia agraria».
Añadía que «finalizada la actual anualidad agrícola saldrán a pública licitación y adjudicación los contratos de arrendamiento rústico sobre las dos fincas cuyos arrendamientos finalizan el próximo mes de septiembre». Eso ocurrió el viernes pasado. Presentadas las ofertas (hay varias, pero no se han precisado cuántas) la fundación adoptará una decisión, aunque ayer aseguró que «no sabe cuando se abrirán las plicas».
Ese mismo comunicado insistía en que la Fundación ha determinado las condiciones de la subasta «de conformidad con lo dictaminado por un técnico competente en materia agraria, atendiendo a los precios actuales de mercado». Y aclaraba que «a este procedimiento de licitación puede concurrir, como no puede ser de otro modo, cualquier persona».
Recordaba, además, que «la Fundación Valhondo tiene como fines fundacionales la concesión de ayudas sociales y de becas para estudiantes, objetivos estos que han de prevalecer sobre cualquier otra consideración y cuyos beneficiarios se designan tras los correspondientes procesos selectivos en rigurosa concurrencia competitiva». Esta fundación la preside el subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz, que desde que comenzara la polémica ha declinado hacer declaraciones.
