José María Tovar y María José Pérez son los responsables de un proyecto singular, que hace casi tres décadas comenzó como pionero y que hoy todavía constituye una excepción. Ambos se encargan de gestionar una vivienda tutelada de personas con discapacidad, que antes de ingresar en este proyecto se encontraban privadas de ambiente familiar por diversas circunstancias. No se trata de un piso tutelado al uso, sino de su propio hogar en el que viven todos juntos los 365 días del año las 24 horas del día, y donde el matrimonio ha criado incluso a sus dos hijas, hoy mayores de edad. En estos momentos atienden a cuatro personas de 38 a 58 años, siempre a través de un convenio con la administración regional.

El problema es que, a punto de finalizar el mes de julio, José María y María, que desempeñan su labor en la vivienda como educadores sociales con la función pública de ‘guardadores de hecho’,  aún no han percibido la denominada ‘nominativa’, es decir, el pago anual para mantener a estas cuatro personas, correspondiente a 2022, que debe abonarles el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) de la Junta de Extremadura. Son 90.000 euros en los que se incluye comida, gastos del hogar, Seguridad Social, nóminas del matrimonio… Este retraso les ha llevado a una situación “humillante”, porque deben estar recibiendo la ayuda de sus familiares para seguir adelante.

“Es la misma cantidad que hemos recibido durante la última década, cualquiera puede verla en el Portal de Transparencia. Hasta 2020 el SEPAD la abonaba en tres pagos pero desde 2021 optó por uno. El año pasado nos llegó en primavera pero esta vez ya hemos pasado la mitad del año", incide José María Tovar. Lo que más indigna al matrimonio es la “excusa” que ponen desde el SEPAD. “Los técnicos nos dicen que el programa está mal presentado y nos resulta inaudito, porque llevamos 29 años, los cuatro primeros con Mensajeros de la Paz y los veinticinco últimos directamente con la Administración, realizando este trámite”. Razón por la que han denunciado la situación y piden que se les facilite la valoración de los técnicos y la firma donde consta que el programa tiene defectos de presentación. Aún permanecen a la espera de respuesta.

El matrimonio, que durante años ha ocupado un piso de su propiedad en Nuevo Cáceres, se ha mudado desde la pandemia a un lagar familiar en el paraje de la Virgen del Prado, municipio de Casar de Cáceres. Afirma no comprender “lo que está pasando”, máxime cuando su programa de hogar tutelado ha recibido diversos reconocimientos y premios al favorecer la integración de personas con discapacidad en un entorno familiar. En estas tres décadas ha atendido a diez personas con diversidad funcional.