El Ayuntamiento de Cáceres se presentará como acusación en el proceso judicial abierto a raíz del incendio de la parcela del Paseo Alto donde se ubica el Pozo de la Nieve, un recinto que ya funcionaba en el siglo XIX y permitía que la nieve llegara hasta Cáceres desde Piornal o Béjar a lomos de las bestias para transformarla en hielo y conservarlo. Pues bien, el terreno que rodea la instalación salió ardiendo el pasado 14 de agosto y afectó tanto a la vaquería que protege al propio pozo como a este. Dos menores fueron identificados esa misma jornada como presuntos autores del fuego.

“Hemos tomado la decisión durante la Junta Local de Gobierno a raíz de la comunicación que nos ha enviado la Fiscalía de Menores, que ha iniciado el proceso judicial. Nos personamos porque parte de los terrenos son municipales y porque se trata de un bien que tenemos que defender a toda costa”, ha explicado este viernes María José Pulido, portavoz municipal.

Existe un motivo más. “Queremos dejar clara la posición del ayuntamiento contra todos esos comportamientos que a veces se consideran delitos de menor importancia y no lo son en absoluto”, ha subrayado Pulido. “Aunque sean efectuados por menores, debemos combatirlos porque son actos que pueden entrañar daños en nuestro patrimonio y comprometer la seguridad ciudadana. Tenemos que lanzar un claro mensaje sobre todas estas conductas y la ciudadanía debe saber que el ayuntamiento está en esta defensa”, ha incidido la concejala. El ayuntamiento no descarta pedir una indemnización por los daños, "aunque se tendrá que ver durante el proceso".

El negocio del hielo llegó a constituir una auténtica industria en la región entre los siglos XVI y XIX. Era un privilegio, una conquista contra el clima. La nieve llegaba a Cáceres desde el siglo XVII transportada por arrieros, durante el invierno. En el pozo (no se conoce la fecha exacta de su construcción) se aplastaba y se transformaba en hielo para procurar que, desde principios de mayo hasta principios de octubre, los ciudadanos (con recursos) pudiesen refrigerar los alimentos y las bebidas. El negocio era concesionado por el ayuntamiento cada ciertos años. Un informe del Archivo Histórico Municipal revela que en 1692 había que pagar 16 maravedíes por cada libra de nieve. 

María José Pulido dejó clara ayer la intención del ayuntamiento de recuperar este espacio, que lleva mucho tiempo en ruinas. La lucha la inició la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, también historiadora del arte y técnica en patrimonio (realizó incluso un extenso informe), junto con la Asociación de Vecinos de Montesol. El Gobierno local ha tomado el guante y ha hecho suyo el compromiso.

“Todavía estamos pendientes de la evaluación de daños porque las altas temperaturas que se han mantenido en la zona tras el fuego han impedido valorar debidamente cómo ha quedado el pozo. Era peligroso acceder”, ha revelado la concejala. “La idea consiste en rehabilitarlo, recuperar ese espacio por su atractivo para la ciudad”, afirma.

Actualmente, según el informe histórico-artístico realizado por Raquel Preciados, el recinto está compuesto por dos edificios. «El primero, más antiguo, con 317,02 m², de planta casi rectangular, que contiene el pozo. El segundo, de 213 m², es un añadido. El inmueble no tiene ninguna protección patrimonial. No figura en el Plan General de Ordenación Urbana, ni en el Inventario General del Patrimonio Histórico-Artístico de la Junta de Extremadura. Por ello, desde Ciudadanos se ha venido denunciando que la instalación está carente de cualquier ayuda económica para su restauración.

Este edificio singular, el único de su tipo en Cáceres y uno de los pocos que quedan en Extremadura, ha sido durante años centro del vandalismo y los botellones. En los últimos tiempos la policía local ha acudido a multar estas prácticas pero sigue abandonado. Prueba de ello es este incendio que comenzó cuando los jóvenes prendieron los pastos. "Debemos hacer llegar a los menores la información de que si cometen este tipo de delitos, habrá una serie de consecuencias que desde luego van a ser negativas, y eso lo tiene que saber también la ciudadanía. Es una forma de disuasión dura, sin duda, pero no podemos eludir nuestra responsabilidad como ayuntamiento", ha incidido María José Pulido