«Yo no quiero que esto se convierta en Alburquerque»

La situación con la residencia de mayores Angelita Olgado de Aliseda sigue dando quebraderos de cabeza al consistorio y, particularmente, a su alcalde, el popular Ángel Gordo (que accedió al gobierno local en 2019), que teme que el elevado déficit presupuestario que arrastra el centro (500.000 euros) suponga la «quiebra técnica para el ayuntamiento» alisedeño. 

«Yo no quiero que esto se convierta en Alburquerque», lanza el regidor, en referencia a la delicada situación financiera que atraviesa el consistorio pacense. 

«Esto nos afecta mucho a la hacienda municipal, y no vamos a cumplir con la regla de gasto; presupuestariamente se ha hecho mal durante muchos años. Yo no me quito culpa, pero cuando accedí a la alcaldía la situación ya era muy compleja».

Según el alcalde, «la única salida pasa por externalizar la gestión», porque el centro supone un coste anual de 1,3 millones de euros, frente a los 2,7 millones de presupuesto que maneja el consistorio. Esto es debido, en gran medida, «a la abultada plantilla de trabajadores de la residencia».

Desde 2019, una decena de empleados ha llevado a los tribunales al ayuntamiento por encadenar contratos temporales. La justicia les ha dado la razón a todos; el resultado: han pasado a ser personal indefinido. 

Son 40 trabajadores y 61 usuarios (10 válidos, 10 semiasistidos y 41 dependientes). En total, este ayuntamiento de apenas 1.700 habitantes asume el pago de 90 nominas de empleados municipales.

El alcalde se da un plazo de «algo más de un año», antes de comenzar a lamentar una situación de impagos y apuntar hacia un posible cierre de la residencia. «La solución pasa por la externalización. Y es una solución que a mí no me gusta, es impopular; lo sé. Pero si la Diputación Provincial o la Junta de Extremadura presenta una alternativa mejor, yo la acepto y dimito».

”Presiones” y bloqueo plenario

De momento, la situación está paralizada. El gobierno local ha intentado sin éxito, y en varias ocasiones, aprobar en pleno la externalización del servicio. Pese a su mayoría (5 ediles populares frente a 4 socialistas) ha tenido que guardar en un cajón la propuesta porque algunos ediles del PP han votado en contra de la privatización; otros, directamente, han abandonado su acta de concejal. «Hay muchas presiones y hemos tenido que aguantar insultos en el pueblo. Yo entiendo que una situación así no compense», argumenta el alcalde.

Otra opción sería subir tasas e impuestos, pero el alcalde asegura que «me niego en rotundo». Y lamenta que el municipio no se pueda beneficiar de ingresos por la instalación de placas solares o por la explotación de la dehesa.

Los sindicatos ya han denunciado en varias ocasiones esa privatización, pusieron en el foco una «mala praxis a la hora de realizar contratos, que se habrían celebrado sin atender a los requisitos necesarios» e incluso convocaron manifestaciones. El próximo viernes retoman el asunto y se reúnen con el alcalde para tratar la bolsa de trabajo de la residencia de mayores.

Los sindicatos también criticaron la ausencia de medidas alternativas, como solicitar subvenciones a la Administración.

Precisamente, el Grupo Socialista apunta a esa vía para intentar solucionar la situación. «Hay pendiente una subvención de TAGUS», el Grupo de Acción Local, que rondaría los 30.000 euros, explica la portavoz del PSOE, Isabel Amado. «El alcalde se quiere quitar este problema de encima, en lugar de luchar por mantener la gestión».