El Ayuntamiento de Coria ha iniciado el expediente administrativo para dejar de pertenecer a la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) a la que lleva integrado desde hace años. Así lo confirmó ayer el alcalde, José Manuel García Ballestero, que justificó la salida del grupo de acción local en «el sobrecoste que para el ayuntamiento y para todos los ciudadanos tiene pertenecer a la asociación». El alcalde aseguró que la Administración local se ve obligada a abonar cada año 17.000 euros a la asociación por «una tasa adicional que se paga por habitante y que impusieron los responsables de Adesval». Además, expresó su malestar de que esta tasa se rija por el número de habitantes del municipio, lo que Coria al ser el de mayor población de la comarca sería el más afectado y, sin embargo, «a la hora de repartir los fondos que llegan de programas europeos, «no obtenemos mayor cantidad, sino la misma cuantía que el resto», algo que nos discrimina», añadió. Asimismo, aseguró que el consistorio ya paga su cuota anual como socio y se negó a que ahora se deba abonar una tasa adicional. «Nos pusieron este nuevo impuesto para pagar la deuda que dejaron en 2015 y no estamos dispuesta a pagarla». Añadió que el pleno municipal de Coria en su día votó en contra de admitir dicha tasa al considerar que «desde Adesval nos invaden la autonomía local».

Igualmente, el alcalde manifestó que en marzo de 2021 pidió a Adesval las cuentas de los últimos cinco años y «aún no nos la han facilitado», subrayó.

FALLO JUDICIAL RECURRIDO

Por otro lado, anunció que el ayuntamiento ya ha recurrido la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Coria que obliga al consistorio a pagar unos 70.000 mil euros a Adesval por la cuota de socio desde los años 2016 al 2018, una sentencia que no era firme. Por este motivo, ayer, el alcalde confirmó que ya se ha recurrido la sentencia y aclaró que el consistorio «ha pagado cada año su cuota de socio anual, lo que se refiere Adesval es a una cuota extraordinaria que este colectivo impuso para pagar sus deudas, ya que el grupo generó una deuda el pasado programa de más de 250.000 euros y lejos de asumir responsabilidad, sus gestores impusieron a los ayuntamientos una nueva tasa para tapar la mala gestión», subrayó García Ballestero.