La Asamblea General del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que integra trece urbes españolas, entre ellas Mérida y Cáceres, ha reivindicado hoy en Salamanca la necesidad de establecer un "marco de relaciones de cooperación y lealtad recíproca" con la UNESCO.
Se trata de una medida que el presidente del Grupo y alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, ha considerado "fundamental y necesaria" con el fin de evitar denuncias y la paralización de proyectos por parte de este organismo internacional.
En la "Declaración de Salamanca" redactada por la Asamblea y dada a conocer posteriormente en rueda de prensa, los representantes del Grupo subrayan la necesidad de un cooperación que "permita un intercambio de información ágil, directo y fluido entre las partes".
Según el alcalde salmantino, el acuerdo tomado por la Asamblea pretende evitar una situación que se está produciendo en los últimos años, "la falta de sintonía con las recomendaciones y decisiones de la UNESCO".
Lanzarote, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por los alcaldes de San Cristóbal de la Laguna, Fernando Clavijo, y la regidora de Ibiza, Lourdes Costa, ha incidido en la importancia de que haya una comunicación rápida y clara entre el organismo internacional de Patrimonio y los ayuntamientos de las Ciudades Patrimonio.
Una coordinación que permitirá que "tenga pronta y puntual información sobre los proyectos que cada Ciudad quiere ejecutar en el ámbito protegido por las Declaraciones de la UNESCO, haciendo las sugerencias que estime oportunas y que deberían ser remitidas de manera ágil a las propias ciudades".
En este contexto, el alcalde salmantino ha explicado en representación del Grupo que determinados proyectos que son tramitados por las administraciones locales "cumpliendo celosamente con la normativa urbanística y de protección del patrimonio son rechazados después por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO".
Los responsables de las trece ciudades Patrimonio de la Humanidad de España han mostrado también en Salamanca su preocupación ante las denuncias que "de forma compulsiva e infundada se formulan por algunos colectivos y asociaciones ciudadanas".
Estas denuncias, en su opinión, "no tienen otro fin que obstaculizar cualquier actuación que se haga objeto de acrecentar y enriquecer los conjuntos históricos de las ciudades".
Según el comunicado de la Asamblea, "estas denuncias parecen tener ante la UNESCO mejor carta de naturaleza que los informes de Administraciones Públicas e incluso de personas o entidades de reconocido prestigio".
Ante los retrasos y la burocracia que generan estas denuncias, las ciudades afectadas reclaman tener una "pronta y puntual información sobre las que afecten a sus proyectos y sobre los informes técnicos que al respecto solicite la UNESCO, de manera que puedan aportar sus argumentos con carácter previo a cualquier decisión del Comité del Patrimonio Mundial".
Además, piden al Ministerio de Cultura que apoye estas reivindicaciones, ya que se trata de "un problema de orden jurídico y de carácter internacional", dado que la UNESCO es un organismo internacional cuyos acuerdos están ratificados entre Estados.
Lanzarote ha opinado que se trata de un problema para el que "hay que tener paciencia al subsanarlo" ya que es de "difícil solución".
El presidente de turno del Grupo de Ciudades Patrimonio ha puesto como ejemplo que ningún alcalde "se levanta diciendo: a ver como destrozo la ciudad", ya que son ellos "los primeros garantes del patrimonio".
Aunque se trata de un patrimonio protegido hay que llevar la modernidad a estas ciudades, ya que "no se pueden quedar en el gótico" y "es posible conjugar patrimonio y aportaciones a este siglo", ha argumentado.
