la junta pide otro informe para conocer si el nombre es compatible con la ley de memoria histórica
El alcalde de Guadiana considera un "atropello político" la paralización de la segregación de Badajoz

El alcalde de Guadiana considera un "atropello político" la paralización de la segregación de Badajoz
El alcalde de Guadiana del Caudillo, el popular Antonio Pozo, estima que la paralización por parte de la Junta de Extremadura del proceso de segregación como municipio de la actual entidad menor dependiente de Badajoz es un "atropello político" para impedirles llegar a la Alcaldía.
Por ello, Pozo protesta a las puertas de la Presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida, donde ha pronosticado que el máximo órgano de consulta de la Junta, el Consejo Consultivo, no dará el visto bueno a la segregación, a pesar de que éste emitiera un dictamen favorable el 13 de enero de 2011.
Para Pozo, "la Junta quiere ganar en los despachos lo que no puede ganar en las urnas", ya que vaticina que si Guadiana del Caudillo se segregase, los populares lograrían la Alcaldía.
"Para frenar el avance popular en las urnas", según el alcalde de la ahora entidad menor, la Junta pide otro informe al Consejo Consultivo para comprobar que la segregación con el nombre de Guadiana del Caudillo es compatible con la Ley de Memoria Histórica.
Debido a que los populares ven "difícil" que el Consejo Consultivo se pronuncie antes de que se convoquen elecciones municipales el 28 de marzo y a que la decisión de que deben eliminar "del Caudillo" les ha sido comunicada por vía telefónica y no legal, consideran que con la paralización de la segregación, en la que ven "trasfondo político", la Junta "pretende violentar las urnas".
Asimismo, Antonio Pozo denuncia la "poca antelación" con la que se les ha comunicado que es necesario cambiar la denominación del pueblo para conseguir la segregación, así como el que a pesar de los informes favorables de la Diputación de Badajoz y el primero del Consejo Consultivo, el proceso se haya paralizado.
En este sentido, el alcalde estima que la Junta quiere "informes a la carta" y pide al Gobierno central la autorización de una consulta popular para que el pueblo opine cuál quiere que sea el nombre del municipio, pero que previamente se apruebe el expediente de segregación.
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