El grupo parlamentario socialista presentará en enero una propuesta de ley para "desatascar" el cobro de la renta básica en la comunidad que, entre otras medidas, apuesta por que durante el próximo año los beneficiarios estén exentos de firmar el itinerario de inserción durante los seis primeros meses.
En realidad, esta es la medida más novedosa que viene recogida en una de las tres enmiendas que el grupo socialista ha presentado a la Ley de Medidas Fiscales y que la Mesa de la Comisión de Hacienda ha rechazado a pesar de que, según explica la portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña, el presidente del Gobierno, José Antonio Monago, apostó en el último pleno por introducir modificaciones en el desarrollo de la ley de la renta básica mediante la norma de medidas fiscales.
De este modo, los socialistas recuperarán estas enmiendas en una propuesta de ley que presentarán en enero si el Gobierno no acelera y "desatasca" el cobro de la renta básica que, en opinión de Gil Rosiña, solo han cobrado hasta ahora unos cien perceptores.
El resto de propuestas socialistas se basan en reducir el plazo de cobro de dos a un mes y que el silencio administrativo sea considerado como positivo.
Todas estas medidas facilitarían el cobro de esta renta básica que se logró gracias al consenso de todas las fuerzas políticas en el Parlamento extremeño, recuerda la portavoz socialista, quien denuncia la política de "propaganda" que realiza el Gobierno regional.
"Cuanto más grande es el anuncio más grande es la mentira", subraya Gil Rosiña y recuerda que el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, aseguró que los primeros beneficiarios de la renta básica la cobrarían en julio y, a día de hoy, solo la han percibido cien, cuando las previsiones apuntaban a más de 5.000.
"Estamos gobernados por un Ejecutivo sin alma, solo preocupado por salir en los medios", indica Gil Rosiña e insiste en la necesidad de que el Gobierno acelere el cobro de la renta básica.
También denunica que la Junta no ha puesto en marcha los recursos técnicos y humanos necesarios para desarrollar esta ley y ha instado al Ejecutivo a reforzar los servicios sociales de base.
