Un paso más para la aprobación definitiva de la normativa que permitirá la instalación de parques de ocio en la región. La conocida como Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio), llega esta mañana al Pleno de la Asamblea para el inicio de su tramitación parlamentaria. No recibirá enmiendas a la totalidad, según han anunciado los grupos de la oposición, por lo que seguirá adelante para que en junio se debatan las enmiendas parciales que se presenten y se incluyan o no en el texto registrado por el Grupo Parlamentario Socialista.
El proyecto de ley, pese a no recibir ninguna enmienda a la totalidad, no está exento de polémica, sobre todo por parte de quienes consideran que va a favorecer la puesta en marcha de casinos en la región. A este respecto, desde Podemos, su portavoz parlamentario, Álvaro Jaén, ya ha avanzado que presentarán enmiendas parciales para «sacar de esta ley toda la parte escandalosa que contempla», como la promoción de casinos; y ha criticado que la normativa apuesta por la mano de obra barata y por las bonificaciones fiscales de hasta el 80% para estos proyectos.
En este mismo sentido se pronunció ayer el Partido Comunista, que la considera «una ley a medida de los grandes casinos», que «pretender ligar el futuro de Extremadura y su crecimiento económico a una industria como la del juego».
Sin embargo, desde las filas socialistas confían en que la ley obtenga un gran apoyo para favorecer la implantación en Extremadura «con rapidez administrativa y seguridad jurídica» de las empresas intensivas en mano de obra, como las dedicadas al ocio. Además, reiteran que «no es un traje a medida» para ninguna empresa, ya que define como una gran instalación de ocio aquellos proyectos que, entre otros parámetros, contemplen como mínimo 1.000 millones de euros de inversión y generen 2.000 puestos de trabajo directo.
La Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio reducirá a la mitad los plazos administrativos y urbanísticos para la puesta en marcha de este tipo de proyectos, que se tramitarán siempre por la vía de urgencia. Además, en el caso de que incluyeran casinos, se contemplan deducciones de hasta el 80% en el impuesto de juego, en función de la cantidades invertidas en la construcción y equipamiento del complejo.
El objetivo de la norma es posibilitar y captar la instalación de grandes parques temáticos y de ocio familiar en la región, fundamentalmente destinados al público internacional. Ya hay al menos un promotor extranjero interesado en abrir una instalación de este tipo en la comarca de La Siberia, en concreto en el municipio de Castilblanco, según apuntó hace dos meses el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al anunciar la normativa, y que entonces ya apuntó que hay varios inversores «esperando a que la puerta se abra».
El texto afectará a los proyectos relacionados con actividades de ocio, deportivas, recreativas, turísticas, residenciales, de juego o comerciales destinadas al público internacional de ocio familiar. Contemplará una serie de ventajas burocráticas y beneficios fiscales para los que cumplan los requisitos exigidos: una inversión mínima de mil millones de euros, la creación de al menos 2.000 puestos de trabajo, 3.000 plazas hoteleras y una superficie mínima de mil hectáreas de las que al menos el 10% deben dedicarse a la conservación de la flora y fauna autóctona. El parque se deberá construir en un plazo máximo de cinco años y abrir sus puertas en seis meses tras el fin de las obras.
Asimismo, los usos propuestos para el suelo podrán ser terciario, dotacional y residencial, sin que la edificabilidad destinada a viviendas supere más de un 20% del total de la actuación. Además, será necesario destinar un 10% del terreno a un espacio singular dedicado a la preservación de la biodiversidad autóctona.
REQUISITOS // El procedimiento se iniciará mediante la presentación del proyecto a la Junta. Deberá incluir una memoria con datos de la empresa, actividades, ubicación, anteproyecto urbanístico (se tramitará como un proyecto de interés regional), estudio ambiental preliminar y estudio económico-financiero. También tendrá que contener informes sobre creación de puestos de trabajo, programación de las obras e infraestructuras requeridas; además de acreditar un capital social mínimo de 600.000 euros por cada uno de los casinos que proponga.
Lo cierto es que una vez superado el debate de hoy, el texto presentado seguiría su tramitación ordinaria en comisión en el Parlamento como una ley más, a la espera de recibir las aportaciones de los grupos.
