Una de las principales consecuencias del plan del Catastro contra el fraude es el aumento de los ingresos para los ayuntamientos, pues las inspecciones tienen incidencia directa en el recibo del IBI y han supuesto un impacto de más de 42 millones de euros: los defraudadores tienen que actualizar su cuota de acuerdo a las construcciones no declaradas y hacer frente a los retrasos de los últimos 4 años.
No obstante, al margen de la regularización catastral, los ingresos de los municipios extremeños por este tributo no han dejado de crecer durante la crisis económica, hasta el punto de doblarse en la última década: si en 2007 se ingresaban un total de 131,7 millones de euros por este concepto, en 2017 han sido 260,9 millones, lo que supone una subida del 98% (129,5 millones más), según los últimos datos del Ministerio de Hacienda.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es la ‘joya de la corona’ de las arcas locales, aporta casi un tercio de los ingresos de los ayuntamientos y es uno de los tributos más estables del sistema español. De hecho, pese al estallido de la burbuja inmobiliaria, en el periodo analizado el número de recibos emitidos no ha dejado de crecer. De los 1,13 millones de recibos que se giraron en el 2007 se ha pasado a 1,27 millones en 2017, lo que supone 139.876 nuevos constribuyentes.
Más recibos y un plan de regularización están entre las causas de ese aumento de la recaudación, aunque sin duda también está relacionada con las subidas de los tipos municipales para compensar la caída de ingresos durante la crisis e incluso la actualización de los valores catastrales después de varias décadas.
De cara al 2019, serán tres municipios los que actualicen sus valores: Madroñera, donde el recibo subirá un 2%, Plasenzuela (+5%, ya que la última actualización es de 1989) y Alconchel, donde bajará un 3%.
