Los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 30,7% en la región en el último año. Es un repunte importante que destaca la memoria de la Fiscalía Superior de Extremadura sobre las actuaciones en el último año y en la que se contabilizan un total 285 procesos por este tipo de denuncias, frente a los 218 del año anterior. Preocupa especialmente las cifras que arrojan las actuaciones de la fiscalía provincial de Badajoz, donde se han duplicado en este tiempo los casos de agresiones sexuales o violaciones (44 en el 2018 frente a las 20 que se denunciaron una año antes) que representan además casi dos tercios de las que se registraron en la región. En total se abrieron diligencias por 69 casos de agresión sexual o violación, 126 por abusos sexuales y otras 14 relacionadas con el material pornográfico.
En la memoria se atribuye este incremento, principalmente, a las figuras de agresión sexual y abuso sexual, aunque ayer el fiscal superior de Extremadura, apeló en declaraciones recogidas por Efe a «esperar» para comprobar si la tendencia al alza se confirma o si se trata de un incremento puntual. Blanco también habló de la relación de estos datos con casos como el de La Manada y señaló que se trató de un tema «muy grave» que generó «mucho revuelo» y ante el que la respuesta de los tribunales fue «contundente». Por eso, a su juicio, no debe haber influido en el incremento que se ha registrado del número de delitos contra la libertad sexual sino más bien al contrario: «sirve de advertencia para los que puedan estar tentados de cometerlo», señaló Blanco, que ayer presentó la memoria de la Fiscalía de Extremadura al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
VIOLENCIA MACHISTA/ La memoria destaca también el descenso del 6% que se ha registrado en el último año sobre los casos de violencia machista en la región, así como que no se haya registrado ninguna víctima mortal en Extremadura, aunque alerta del preocupante incremento que se está constatando en los últimos años de este tipo de denuncias entre los más jóvenes. En el caso de la Fiscalía provincial de Badajoz alertan especialmente de del notable número de denuncias de maltrato en las que la edad de los agresores no supera los 25 años y la de las víctimas, en muchas ocasiones, ni siquiera alcanza los 18. A veces incluso se denuncian situaciones de maltrato habitual en parejas que apenas rebasan la mayoría de edad. «No deja de sorprender el clima de violencia y control en el que viven muchas mujeres muy jóvenes», alerta.
Destaca igualmente la memoria que «cada vez son más numerosos los casos en los que la intervención policial se requiere por vecinos o desconocidos que presencian los hechos violentos», y en muchos, incluso a pesar de la actitud abstencionista de la víctima, lo que se atribuye a un cambio de mentalidad en la población. En el último año se dictaron un total de 386 órdenes de protección (161 en Badajoz y 225 en Cáceres) sobre las víctimas.
En cuanto a la violencia en el seno de la familia, el Fiscal Superior de Extremadura, Aurelio Blanco destacó los casos en los que este tipo de delitos los cometen menores de edad. «Se siguen produciendo casos de violencia hacia padres, hermanos y otros miembros del núcleo familiar», alertó. La memoria destaca en ese apartado además las dificultades para detectar los casos en los que las víctimas son ancianos o menores.
ESTAFAS INFORMÁTICAS/ La memoria de Fiscalía se detiene en los delitos contra el patrimonio porque no solo tienen un gran impacto social, sino que son los que más actividad generan a esta órgano. En este apartado, la memoria destaca el descenso de los casos de robo con fuerza, aunque sigue siendo delito más habitual, con 812 diligencias en el último año.
Retroceden también los casos de estafa (se calificaron 116 causas en el último año), aunque aumentan, sin embargo, las estafas las relacionadas con la manipulación informática. Según alerta la memoria, del total de las estafas informáticas que se registraron, entre el 60% y el 70% están relacionadas con la manipulación y en un 82% de los casos se trató de un delito. El alza preocupa por las dificultades para llevar a cabo el rastreo necesario para esclarecer este tipo de casos.
