Apenas el 2% de los edificios se han sometido a la inspección técnica un año después de que expidiera la fecha tope que el Gobierno dio a los inmuebles de más de 50 años para cumplir el trámite. La razón, según explican desde el Colegio de Arquitectos (son los técnicos encargados de realizarlas), es que la región no ha creado un registro oficial de seguimiento donde se especifique qué edificios deben someterse cada año a la revisión, como ocurre por ejemplo en Madrid. Además, tampoco existe entre los propietarios una cultura de prevención, algo que desde el colegio se está intentando combatir con la campaña ‘Arquitecto de la casa’. «La gente no tiene conciencia de que es algo bueno para el edificio, pero hacer un seguimiento y detectar patologías a tiempo puede evitar averías y derramas grandes», explica Irene Calle, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

Las comunidades de vecinos ya tenían la obligación de revisar cuestiones como las instalaciones de gas, calefacción y ascensor, pero desde la aprobación de la ley estatal del suelo y rehabilitación también se deben revisar de forma periódica la estructura, la red de saneamiento, los conductos de ventilación o las fachadas. Los controles se exigen a todos los bloques de más de 50 años (según el último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística en Extremadura serían unos 150.000) y empezaron a ser obligatorios a partir de junio de 2018.

Un año antes, en 2017, la Junta de Extremadura aprobó el decreto que regula la aplicación de esta normativa en Extremadura, donde depende de los ayuntamientos. Aquí se denomina Informe de Evaluación de Edificios (IEE) y también valora otras cuestiones, entre ellas el cumplimiento de la normativa de accesibilidad (rampas, ascensores, etc.) o la calificación enegética del edificio. Además, aunque el inmueble tenga menos de 50 años, se exige como requisito a la hora de solicitar determinadas ayudas a la vivienda. De hecho, según explica Irene Calle, en la práctica es en estos supuestos cuando únicamente se está realizando.

El decreto que la Junta aprobó en 2017 incluía la creación de un Registro de los Informes de Evaluación de Edificios, pero aún no se ha puesto en marcha. La plataforma informática está «en proceso de construcción», según confirman fuentes de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Desde este mismo departamento señalan que en cuanto a ayudas de rehabilitación estatales, se han solicitado 314 IEE para tramitar los expedientes. Además, la última convocatoria autonómica de rehabilitación que se ha cerrado recientemente comprende 160 expedientes de rehabilitación y 3.200 del programa de eficiencia energética para viviendas existentes (PEEVE), en los que se estima que alrededor del 50% han de aportar el IEE al referirse a bloques o viviendas unifamiliares. Esto indica que apenas 2.000 eficios han pasado la inspección durante el primer año de vigencia.

En el caso de las viviendas de titularidad pública, la Junta sí lo ha contratado.