El Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) tramitó el año pasado 365 expedientes sancionadores a empresas. Fueron un 27,9% menos que el ejercicio anterior, a causa de las limitaciones impuestas a la movilidad y a actividades como las comerciales o de ocio a causa de la pandemia. En el 2019, este organismo público encargado de tutelar los derechos de los consumidores y usuarios extremeños había incoado 506. Menor fue la caída en el importe total de las multas aplicadas, que pasó de 1.019.142 euros a 972.186 euros (sin aplicar en ambos casos reducciones por pronto pago u otros motivos) entre uno y otro ejercicio.
Lo que no varió fue el sector en el que se contabilizaron más infracciones por parte de las empresas con actividad en la región. Fue el de los servicios de telecomunicaciones, que en conjunto sumó 73 expedientes sancionadores, uno de cada cinco gestionados, ya fuera únicamente por productos para el acceso a internet (35); de telefonía móvil (1); o por paquetes integrados de los dos anteriores (37). En el 2019 estos tres apartados representaron una proporción similar, con 90 expedientes.
Ya a mucha distancia de las telecomunicaciones aparecen otros sectores como el del textil y calzado (18); el de los vehículos a motor y el de la alimentación y bebidas (cada uno de ellos con 17); el de la restauración (13); o el del alquiler de automóviles (12).
A estos expedientes sancionadores se puede llegar bien por una actuación de oficio de la propia administración o bien después de una reclamación por parte de un usuario o de una asociación de consumidores. Javier Rubio, presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), precisa que en el primer caso suelen producirse en el marco de «campañas informativas» en las que se controlan cuestiones como el correcto etiquetado, los precios de venta al público o la tenencia (obligatoria para los establecimientos) de hojas de reclamaciones. Normalmente, si se detecta un incumplimiento, de inicio no se impone multa a la empresa. Posteriormente, «se hace una segunda visita, y si continúa, es entonces cuando se abre un expediente sancionador», aclara.
UCE tramitó el año pasado 6.095 consultas y 1.180 reclamaciones. «Alrededor del 80% de las cuestiones las resolvemos con una llamada telefónica a la empresa o con un correo electrónico», por lo que no acaban teniendo más recorrido.
En la estadística del Incoex apenas figuran seis expedientes sancionadores dentro del sector bancario en el 2020 (en el 2019 fueron otros cuatro), que es sin embargo el que concentró un mayor volumen de quejas recibidas por la UCE, con 1.042 consultas y 179 reclamaciones. «De esos expedientes, salvo los que son de comisiones, que se han enviado al Banco de España, los demás los hemos tramitado nosotros a través de la mediación con la entidad financiera o con un procedimiento judicial», detalla. Lo más exigido a la banca el año pasado fueron los gastos de formalización de las hipotecas. «Mucha gente anda con lo justo, y cuando ve que puede recuperar algo de dinero, lo reclama», apunta Rubio.
«Alrededor del 80% de las cuestiones las resolvemos con una llamada telefónica a la empresa o con un correo electrónico»
En el caso de los paquetes de servicios de telecomunicaciones, UCE tramitó 736 consultas y 177 reclamaciones. Aquí los principales problemas tuvieron su origen en cambios de las condiciones contractuales sin aviso previo, penalizaciones aplicadas incorrectamente, portabilidades mal gestionadas, servicios ofertados no consolidados, planes de precios o dificultades a la hora de darse de baja.
En el listado de expedientes sancionadores del Incoex no aparece ninguno dentro del sector de las agencias de viajes o de viajes combinados y solo una en el del transporte aéreo, pese a los problemas que se produjeron por la cancelación de viajes tras la declaración del estado de alarma. Como también los hubo por la suspensión de eventos como bodas y comuniones. «Las agencias de viajes, las compañías áreas, hoteles y restaurantes, han tenido una respuesta increíble», apunta Rubio, lo que ha llevado a que «la mayoría» de cuestiones se hayan solucionado «amistosamente». «Solo hemos tenido problemas con alguna compañía aérea», puntualiza, que se ha negado a devolver el dinero.
«Desbordados» con las declaraciones de la renta
La declaración de la renta es uno de los servicios que presta UCE a sus socios. Cada año realiza más de medio millar de ellas y las de esta campaña comenzó a hacerlas hace una semana. Este ejercicio viene marcado por el impacto de la covid que afectará, entre otros, a los contribuyentes que estuvieron durante el pasado año incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (erte), una prestación que no está exenta y que puede llevar a tener que cumplimentar este trámite aunque no se llegue al mínimo habitual de 22.000 euros de ingresos anuales (con dos pagadores si el segundo alcanza los 1.500 euros, el tope baja hasta los 14.000).
También los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) están obligados a presentar declaración (aunque se trate de una renta exenta) mientras que los autónomos beneficiarios de prestaciones por cese de actividad deben tributar por ellas como rendimientos del trabajo.
«Está siendo una locura. Otros años la cosa empieza más tranquila, pero este llevaban ya dos semanas llamándonos para pedirnos cita. Es tremendo, todo el mundo quiere que presentemos la declaración cuanto antes. Estamos haciéndolas mañana y tarde, y estamos desbordados», indicaba el presidente de esta asociación, Javier Rubio.
