Un brazalete o pulsera de pequeñas dimensiones y ligero que emite una señal de radiofrecuencia y que incorpora unos sensores que permiten detectar su manipulación o rotura, así como la ausencia de contacto con la piel del usuario. O, en su defecto, un dispositivo de localización GPS que incorpora las funciones básicas de un teléfono móvil. Ambos son los dispositivos de seguimiento telemático de agresores a mujeres víctimas de violencia de género. Se usan normalmente cuando el juez dicta orden de alejamiento.
En Extremadura hay ahora mismo 40 maltratadores que están controlados a través de este sistema, son 30 en la provincia de Badajoz y 10 en la de Cáceres.
Así se recoge en los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad referentes al pasado mes de agosto. En comparación con el mismo periodo de 2020, la subida en el uso de estas pulseras para agresores ha sido del 22,5% (entonces eran 31 dispositivos).
No obstante, hay diferencias entre provincias. La de Badajoz ha pasado de los 18 que había en agosto del mes pasado a los 30 actuales. En la de Cáceres la tendencia es a la inversa, había 13 hace un año y ahora son 10.
A nivel nacional, los recursos activos ascienden a 2.444 (hasta la fecha de 31 de agosto), un 14% más que en el mismo periodo de 2020.
Protección policial
Más datos que deja el portal estadístico de Igualdad: en el primer trimestre de 2021, en Extremadura se han tenido que dictar 189 órdenes de protección por casos de violencia machista (134 en la provincia pacense y 55 en la cacereña). Significa que la víctima ha de vivir con vigilancia policial porque está en riesgo (hay varios niveles) de volver a sufrir maltrato por parte de su pareja o expareja.
En cuanto al agresor, esta orden de protección puede implicar diversas actuaciones que van desde la prisión provisional en los casos más graves a la retirada de armas u objetos peligrosos.
También supone la prohibición de aproximación o comunicación. Es en este contexto donde se emplea el brazalete para comprobar que no se incumplen las medidas interpuestas por el juzgado.
En el conjunto del país, el número de mujeres con protección policial (casos activos con nivel de riesgo apreciado) a 31 de agosto es de 36.200.
